Mientras que el PAN aclaró que fue decisión de las instancias nacionales del partido hacer que los militantes que aspiran a una candidatura firmen un pagaré, a fin de hacerlos responsables de sus acciones durante la campaña, el IEEQ reveló que fue precisamente dicho partido el que resultó más sancionado producto del pasado periodo comicial, pues de las multas que por 754 mil 473 pesos con 30 centavos que se aplicaron, 548 mil 478 con 30 centavos se aplicaron contra el partido.
El órgano comicial comentó que dos sanciones pecuniarias se interpusieron al blanquiazul, una por 282 mil 412 pesos con 50 centavos y otra por 266 mil 65 pesos con 80 centavos, mientras que 132 mil 900 fueron contra el entonces candidato Francisco Domínguez Servién y 73 mil 95 pesos contra el priista Gerardo Sánchez Vázquez.
El IEEQ dijo que durante el proceso electoral se presentaron 103 denuncias, promovidos por diversos actores políticos, siendo también el PAN el que más recurrió a esa figura, con 31 denuncias presentadas, seguido por los ciudadanos con 23 y el PRI con 20.
Los más denunciados fueron los candidatos, contra quienes se presentaron 60 expedientes, en segundo lugar los servidores públicos, con 46, en tercero el PAN con 31 y en cuarto el PRI con 30.
De las 103 denuncias presentadas, 47 se asociaron a procedimientos especiales sancionadores, que se sumaron en 40 resoluciones, de las que 23 fueron impugnadas, dando lugar a que 21 fueran confirmadas por las autoridades jurisdiccionales y dos revocadas.
De las 40 resoluciones aprobadas por el órgano superior, en ocho se acreditó la existencia de infracciones administrativas y se impusieron 19 sanciones: ocho contra candidatos, tres contra el PAN, dos contra el PRI, uno contra el PRD, dos contra el PVEM, uno contra Nueva Alianza, uno contra MORENA y otro contra Humanista.
Sólo los casos arriba citados involucraron una sanción económica, mientras que el resto consistió en una amonestación pública.
Bajó número de denuncias en el actual proceso
Al cuestionársele sobre las denuncias interpuestas dentro del actual proceso electoral, el órgano comicial informó que de septiembre a la fecha suman seis por posibles violaciones a la norma electoral, cuatro de las que se resolvieron y se mantuvieron firmes, mientras que dos están pendientes.
Subrayó que las dos denuncias pendientes se sumaron, pues ambas fueron por posibles actos anticipados de campaña interpuestas contra Carlos Silva Reséndiz, secretario de Gestión Delegacional del municipio de Querétaro, una presentada por el PRI y otra por MORENA.
Pagarés, medida para evitar que incurran en fallas
Miguel Ángel Torres, secretario del Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), apuntó que es la primera ocasión que se aplica la medida, que estimulará a que los propios candidatos y precandidatos sean responsables de sus acciones, pues las multas que ellas provocan son absorbidas por el propio partido.
“Es un tema que viene contemplado dentro de las normas complementarias dentro de la propia convocatoria (del órgano) nacional y estatal. Está justamente muy fundamentado en términos de orden legal y lo que hoy el partido está buscando primero es ser responsables en la materia de fiscalización que el propio INE contempla, ser responsable a no violar la Ley con respecto al tema de topes de campaña y que los propios candidatos y precandidatos también se hagan responsables de ello”.
Enfatizó que el blanquiazul está enfocado en el presente proceso electoral y en tomar medidas para que sus militantes no incurran en faltas.
“Que todos asumamos con responsabilidad el buen manejo de las finanzas y que respetemos los topes de campaña”.
También rechazó que pueda mal interpretarse la medida con que sólo quien cuente con recursos pueda contender un cargo, pues subrayó que simplemente se busca el buen manejo de las finanzas y respetar los topes de campaña.
Partidos, libres de interponer sus propias normas
Entrevistados por separado, los presidentes de la Junta Local del INE y el Consejo General del IEEQ; María del Refugio García López y Gerardo Romero Altamirano, respectivamente; enfatizaron que cada órgano político tiene derecho a poner las reglas internas que considere pertinentes, mientras que los institutos enfocarán sus esfuerzos en hacer que se cumpla la ley.
