La Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, el Sistema Estatal DIF y diputados de la LIX legislatura local subrayaron la necesidad de trabajar en un blindaje contra el embarazo infantil y adolescente, luego de que la Secretaría de Salud federal dio a conocer que el embarazo entre niñas de 10 a 14 años es un foco rojo en el país.
La presidenta de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, magistrada Marisela Sandoval López, subrayó que el poder Judicial abona a la prevención mediante pláticas en escuelas sobre las consecuencias legales a raíz de un embarazo, como los derechos alimentarios y los juicios de reconocimiento de paternidad.
“Es común que sea la madre, siendo menor de edad, representada por sus padres o algún tutor, para demandar el reconocimiento de paternidad del padre del niño para que se pueda encargar de la manutención”, explicó la magistrada.
La presidenta de la Comisión de la Familia, Elsa Méndez Álvarez declaró que se debe trabajar más en la prevención desde las familias y las escuelas “para a nuestras niñas y a nuestras adolescentes hablarles del tema abiertamente” y que no sea un tabú.
El director del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Juan Pablo Rangel, aclaró que estos embarazos adolescentes ocurren como una “falta de compromiso dentro del seno familiar, dentro de la educación que se le está dando a los niños, a los adolescentes”.
Aclaró que hasta ahora no se tienen casos de institucionalización de bebés de madres adolescentes y “se ha tenido algún caso de que algún niño institucionalizado, menores de edad, presenten algún embarazo, pero en estos tres años han sido dos casos”.
