El Gobierno de México declaró este lunes que ya hay detenidos por el homicidio de nueve integrantes, tres mujeres y seis niños, de una comunidad mormona el pasado 4 de noviembre en el municipio de Bavispe, estado de Sonora, noroeste del país.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, dijo a medios que ya existen detenidos pero que el caso ya está en manos de las fiscalías.
"Hay detenidos, pero no nos corresponde proporcionar información, ya que la investigación está ya en manos tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y de la Fiscalía General de la República", dijo Durazo a medios.
Abordado por medios tras la segunda reunión regional de Conferencias de Secretarios de Seguridad Pública y Seguridad Pública Municipal, llevada a cabo este día en Ciudad de México, el funcionario se limitó en su comentarios sobre el caso.
"No nos vamos adelantar (...) a partir de que se abre la carpeta de investigación corresponde a las fiscalías estatal y general", añadió.
Luego de una semana de la masacre y tras las primeras investigaciones, hasta ahora solamente hay un sospechoso detenido por su probable responsabilidad en lo que se presume fue un enfrentamiento entre grupos criminales entre Sonora y Chihuahua, que derivaron en el crimen de los integrantes de la familia de la comunidad mormona.
Sobre la participación de agentes del Buró Federal de Investigación (FBI), Durazo dijo que ya están en el país apoyando a las autoridades mexicanas en el caso.
El domingo, el Gobierno mexicano invitó al FBI, la principal agencia de investigación criminal en aquel país, a colaborar en la investigación de la masacre en el estado Sonora, el 4 de noviembre.
Mediante una nota diplomática dirigida a la embajada de Estados Unidos en México, la Cancillería solicitó transmitir al FBI la invitación.
La convocatoria fue para "acompañar la investigación sobre el suceso en el que fueron víctimas ciudadanos de nacionalidad estadounidense en el municipio de Bavispe, Sonora", apuntó la nota.
La nota indicó que los agentes "únicamente podrán hacer diligencias en conjunto con las que hagan las autoridades de la Fiscalía General de la República y no estarán armados".
El 4 de noviembre un comando de sicarios atacó a las familias mormonas Miller, Langford y LeBarón dejando nueve víctimas mortales, -tres mujeres y seis niños- además de varios menores heridos, un caso que conmocionó al país por su nivel de violencia.
