La Procuraduría General de la República (PGR) busca que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que decida si es legal o no que un tribunal unitario le ordene crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa, y que sean los padres de familia los que encabecen las investigaciones.

Por eso, y como primer paso, presentó un incidente de imposibilidad ante el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, al que corresponde supervisar el cumplimiento de cuatro amparos otorgados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en favor de presuntos integrantes de Guerreros Unidos que confesaron el asesinato de los normalistas.

El escrito fue firmado por la directora de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Carmen Sustaita, y por el director de Control de Juicios de Amparo, Ignacio Silva. Sabino Pérez, magistrado del Tribunal Unitario, notificó ayer un acuerdo en el que ordena dar vista a las partes involucradas en los juicios de amparo para que ofrezcan pruebas y aleguen lo que convenga a su interés en plazo de tres días hábiles.

El incidente, frena de momento que la PGR sea sancionada al no caer en desacato de la orden de crear la Comisión.