Los padres y familiares del menor Stalin Jaimes, quien fue asesinado el 4 de agosto de 2017 en Cadereyta de Montes por una adolescente de 15 años, manifestaron indignación y repudio a la resolución de un juez de control, quien otorgó el cambio de medida cautelar de la homicida, al pasar de internamiento a domiciliario.
Fue este jueves 7 de noviembre que se llevó la audiencia de revisión de medida cautelar, cuando se determinó que la menor podía irse a su casa con sus padres donde concluirá su proceso que vence en el mes de marzo del 2020.
Ante esto, los padres de la víctima se dijeron inconformes y exigen justicia, además de que piden la ayuda del gobernador para que este caso sea revisado de nueva cuenta, pues no se les hace suficiente la pena impuesta que además ya había sido reducida en una audiencia anterior.
Fue el pasado 4 de agosto del 2017 cuando la adolescente de 15 años de edad de nombre Montserrat “B” mediante un mensaje de texto, citó a la víctima en un lugar conocido como Las Fuentes para hacer las paces por un previo desacuerdo, luego de que el hoy occiso se negara a ser su chambelán faltando ocho días para la fiesta.
La adolescente le habría pedido un abrazo para después apuñarlo en 73 ocasiones de las cuales según los resultados de la necropsia, 64 puñaladas fueron mortales y 9 superficiales, después de cometer el crimen huyó del lugar.
Fue hasta la tarde del sábado 5 de agosto del 2017, que fue localizado el cuerpo del menor asesinado en las inmediaciones de Las Fuentes, zona ubicada en la cabecera municipal de Cadereyta de Montes.
Las indagatorias de los Policías de Investigación del Delito, así como los diferentes indicios recabados por los forenses y testimonios de testigos del crimen, llevaron hasta la adolescente quien fue encontrada responsable del homicidio doloso en agravio del menor Stalin de 13 años de edad, quien además destacaba en concursos nacionales de ajedrez.
Los familiares de la víctima dijeron que la imputada fue sentenciada a cuatro años, siete meses y 15 días de internamiento en el Consejo Tutelar para Menores Infractores, pero la defensa apeló y fue reducida a dos años, siete meses y 15 días y finalmente se solicitó revisión de medida cautelar, en la que determinó el juez de control que la menor podía terminar su proceso en estancia domiciliaria.
