En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria Zona Occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), celebrada en Querétaro, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán expuso el proyecto de creación del Centro Nacional de Apoyo Técnico al Combate contra el Secuestro.
Para tal efecto, señaló que confía en que los recursos tecnológicos con los que se cuenta serán de gran utilidad para las entidades federativas con motivo de la creación de este nuevo organismo.
“Con miras a seguir mejorando la capacidad para combatir el delito del secuestro, la Procuraduría General de la República (PGR) propondrá la creación de un Centro Nacional de Apoyo Técnico al Combate contra el Secuestro”, comentó.
Ante procuradores y fiscales de los estados de Querétaro, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit, integrantes de la Zona Occidente de la CNPJ, agregó que desde la creación de la Unidad para el Combate al Delito de Secuestro, enel año 2017, la PGR ha logrado desarticular completamente a diversas células criminales.
Asimismo, destacó que a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), se han obtenido sentencias importantes para alejar a los criminales de las calles.
“El combate y la persecución penal del secuestro, como delito prioritario (a combatir), es un claro ejemplo de ello, por lo que se han establecido mecanismos interinstitucionales y políticas públicas muy efectivas”, precisó el también presidente de la CNPJ.
En ese mismo sentido, Alejandro Echeverría Cornejo, Fiscal General del Estado de Querétaro, enfatizó que el acceso a la justicia no permite ninguna improvisación y que el trabajo requiere de especialización, coordinación, liderazgo y voluntad.
“Es importante que generemos las herramientas estratégicas que permiten cumplir con los fines de procedimiento penal. La coordinación interinstitucional junto con los procesos de planeación, y mecanismos de seguimiento y evaluación son el reflejo del compromiso y obligación para reducir los espacios de impunidad”, comentó el Fiscal General del Estado de Querétaro.