La violencia e inseguridad en muchas regiones del país se ha recrudecido con masacres que revelan una gran descomposición social, los homicidios ocurridos en Minatitlán y Comalcalco causaron indignación en la opinión pública por el grado de crueldad con que se cometieron.
La violencia no conoce límites y los victimarios actúan con total impunidad ante la incapacidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para enfrentar esta situación, que de acuerdo con las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presenta una tendencia constante al alza en todo el país.
El primer trimestre del año, México registra una cifra récord de homicidios dolosos, con 8 mil 493, que comparado con los 7 mil 750 sucedidos en el mismo periodo de 2018, representa un incremento de 9.6%. Hay que recordar que el año pasado con 33,518 asesinatos, había sido considerado el más violento desde que se lleva registro en 1997.
Si bien el incremento en el número y gravedad de los delitos ha sido una constante desde hace varios años, también tendríamos que reconocer que en los primeros meses de este gobierno no se ha podido contener esta inercia, lo que contradice las declaraciones del Presidente, quien contrario a los datos oficiales, asegura que los asesinatos no han aumentado en su mandato.
El Gobierno federal tiene que admitir que hay una gran inseguridad, que la violencia continúa desbordada en varios estados y a cuatro meses de iniciada la nueva administración, todavía no se advierte mejoría en ninguno de los índices de homicidios, feminicidios, secuestros y extorsiones, entre otros delitos.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública que recientemente se presentó en el Senado refiere en su diagnóstico que en el país se cometen más de 31 millones de delitos al año, de los cuales 99% quedan impunes.
Retomo los comentarios del especialista en seguridad Alejandro Hope, quien señala que las masacres como las de Minatitlán y la sucedida en diciembre de 2018 en San Nicolás, Nuevo León, se explican porque el costo marginal de la violencia es cero.
El riesgo para un delincuente de ser capturado no cambia si mata a una, 8 o a 14 personas. La sanción es incierta y salvo una respuesta extraordinaria de la autoridad -que difícilmente se da-, los delincuentes saben que lo más probable es que no suceda nada.
A pesar de lo anterior, la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno no tiene entre sus objetivos abatir los altos índices de impunidad; en cambio propone construir la paz a través del perdón a los delincuentes mediante indultos, amnistías y reducción de penas, condicionados a la reparación del daño y a la “manifestación inequívoca de arrepentimiento y contrición sincera” de los infractores.
El despropósito es mayúsculo, ya que, por un lado, se diagnostica la impunidad como uno de los más grandes problemas y, por otro, se busca resolver la inseguridad y la violencia con el perdón a los delincuentes.
Ya en los foros de pacificación celebrados en el periodo de transición se trató este tema que resultó sumamente controvertido y el clamor de los familiares de víctimas fue contundente: “Ni perdón ni olvido”, porque “sin justicia no hay perdón”.
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