Vivimos tiempos de confusa efervescencia en medio de campañas políticas –a 40 días de las elecciones- entre las que se desgranan día a día sombras, claroscuros y sorpresas de todo tipo difíciles de imaginar no hace mucho tiempo.
Preocupación esencial hoy en día es el tema de la violencia que alcanza cifras sin precedente: más de 185 mil homicidios dolosos durante la actual administración, informa TRsearch Internacional. Encabezan la lista los estados de Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Michoacán. Además, hay más de 50 mil 400 desaparecidos no localizados y 83 mil localizados.
Por otra parte, causó estupor la visualización de retenes ajenos al Ejército y a la Guardia Nacional que dejaron entrever el poder que han alcanzado los grupos delincuenciales y el temor de pueblos enteros que ante omisiones han considerado necesario desde el éxodo a otros lugares hasta el resguardar a sus familias, sus pueblos y sus tierras recurriendo incluso a la posesión de armas.
“Márquetin”
No menor atención ha merecido la grotesca exhibición de playeras con la imagen de la “santa muerte” y con un bastante infantil, misógino y ni siquiera original exhorto: “un verdadero hombre no habla mal…” exhibido por Jenaro Villamil, director del “Sistema Público de Radiodifusión”.
En una de las mañaneras con bastante infortunio se dijo que eran memes y que a quienes cuestionaban era porque no tenían sentido del humor; que hay libertad religiosa; que la santa muerte es “santa”, que… católicos y evangélicos –“el tema de la Santa Muerte es incompatible con nuestra fe”- alzaron inmediatamente su voz descalificando con firmeza esa estrategia electoral que aparte de hermanar –
¿inconscientemente?- la figura de la Santa Muerte con la delincuencia organizada, toca los sentimientos de víctimas y pueblos enteros, en tiempos en que el acompañamiento tradicional a nuestros muertos ha alcanzado niveles nunca antes vistos, tanto por el número de víctimas por la violencia como por los miles de decesos que dejó la pandemia del Covid.
Auditoría
En el recuento de sombras o claroscuros está también el caso del titular de la Auditoría Superior de la Federación David Colmenares Páramo señalado por el exauditor Especial de Desempeño Agustín Caso Raphael quien señala que el primero habría manipulado auditorías, ocultado anomalías para no incomodar al gobierno de López Obrador.
Agustín Caso habló con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad luego de ser cesado como auditor de desempeño.
Revela que sus diferencias con Colmenares iniciaron desde febrero de 2021, cuando el equipo a su cargo reveló el sobrecosto de la cancelación del aeropuerto de Texcoco NAICM y que durante su gestión se dieron de baja 194 auditorías.
La relación entre los funcionarios tuvo su desenlace la semana pasada, cuando Caso Raphael dio a conocer en una carta que había sido cesado de la ASF y en la que denunció presiones al interior del órgano fiscalizador para obstruir sus labores auditoras al grado de imposibilitar la publicación de informes o de decidir de manera discrecional cuáles auditorías debían o no practicarse dentro del Programa Anual de Auditorías a realizar.
Era febrero de 2021, en su informe de fiscalización para la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Especial de Desempeño, a cargo de Caso, estimó que cancelar el NAIM tendría un costo superior a 331 mil millones de pesos.
El escándalo fue mayúsculo: Una de las promesas más populares de la campaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador implicaría un desembolso estratosférico para las arcas públicas y contradecía el argumento público de que permitiría ahorrar dinero del erario.
En 2019 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideró que la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) costaría 75 mil millones de pesos; es decir, que al costo de construcción habría que sumar el de la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, que sería cuatro veces mayor que el costo de la ampliación del aeródromo de Santa Lucía.
Como respuesta a la publicación del informe, Caso Raphael asegura que comenzó a ser objeto de presiones, las cuales llegaron al grado de que Colmenares le exigió su salida de la Auditoría Superior. Para el 22 de febrero de 2021, solo dos días después de la entrega de los informes de la Cuenta Pública 2019, que incluyó la auditoría sobre la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, el presidente López
Obrador cuestionó directamente a la ASF e indicó: “me gustaría que ellos aclararan sobre ese dato, que está mal, es exagerado”. Ese mismo día, por la tarde, la ASF difundió un comunicado reconociendo inconsistencias en la cuantificación.
Sobre la auditoría del NAIM se registró un hecho atípico. Arturo Herrera, quien entonces se desempeñaba como secretario de Hacienda y Crédito Público, difundió en sus redes sociales un video desmintiendo el cálculo de los 331 mil millones de pesos, mencionó que “sorprendió a propios y extraños” y estableció que el 75 por ciento de lo reportado era erróneo.
El economista expone que, a partir de esos hechos, el auditor Colmenares y sus cercanos iniciaron una política de aislamiento al no avisarle de reuniones de trabajo y al mostrar su molestia con el trabajo de la Auditoría Especial de Desempeño.
—¿Cómo lo hizo sentir esa cuestión? Porque al final de cuentas usted ha defendido esa auditoría hasta la fecha. Nos gustaría conocer, ¿cómo fue esa confronta al interior de la ASF?
—Fue muy fuerte y le puedo decir que mi decisión fue misión personal, defender la institución y velar, ser un centinela de las auditorías de desempeño. Le pedí consejo a don Carlos Urzúa, don Carlos que en paz descanse, que me guió mucho en todo eso, yo le pedí consejo ¿qué hago, Carlos?
Me dijo: mantente firme porque hay que defender a las instituciones y sigue adelante, sigue adelante con tus procesos de defensa jurídica, que es lo que hice.
Amnistía
Y en este recuento está por último la reforma a la Ley de Amnistía aprobada la madrugada del jueves por la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular para otorgar al Presidente de la República la facultad de conceder “perdón y olvido” a procesados o sentenciados por cualquier delito que puedan aportar elementos para conocer la verdad sobre casos relevantes para el Estado mexicano, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala. Después de seis horas de debate entre los bloques de la llamada 4T y la oposición, el pleno cameral avaló el proyecto con 250 votos a favor y 197 en contra, y la Mesa Directiva lo turnó al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
El dictamen establece que, “por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento”.
Dicha atribución presidencial se aplicaría a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano. Por el PAN, el diputado Enrique Gerardo Sosa calificó de inadmisible la reforma de otorgar al Presidente de México facultades para otorgar amnistía, libremente, prácticamente por cualquier delito sin cumplir con ningún procedimiento.
“También es inadmisible porque se presta que el Presidente de la República utilice la figura del poder para liberar a sus amigos, a sus compas, a sus socios, a sus cómplices, no importa si son asesinos o narcotraficantes”, agregó.
En representación del PRI, la legisladora Sue Ellen Bernal sostuvo que la reforma es una clara muestra del humanismo de la 4T con los delincuentes, a quienes ha abrazado desde que inició el sexenio y ahora quiere cerrar con broche de oro.
A nombre del PT, el diputado Benjamín Robles negó cualquier intención de liberar delincuentes y rechazó los señalamientos sobre vínculos de la 4T con el crimen.
“Con esta reforma no vamos por la liberación de delincuentes, sino por el esclarecimiento de hechos relevantes en los cuales muy seguramente saldrán a la luz corruptelas, omisiones, arbitrariedades cometidas por los gobiernos del viejo régimen. Eso es lo que realmente les preocupa, que salga la luz el lodazal de los gobiernos prianistas”, acusó.
El senador Ricardo Monreal había especificado en su intervención en el Senado al ser aprobada la reforma que el propósito es aclarar la “verdad histórica” de hechos en los que se cometieron asesinatos colectivos, como el caso de Ayotzinapa.
Monreal explicó que la reforma al artículo 9 de la Ley “pretende otorgar inmunidad” a quien proporcione información “comprobable y verificable” de asuntos relevantes para el Estado mexicano. La senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, consideró que esta reforma es en “extremo peligrosa” y reiteró la urgencia de respetar y proteger la división de Poderes como mandata nuestra Constitución.
