El candidato de la alianza Fuerza y Corazón por México PAN-PRI-PRD a la diputación local por el tercer distrito, Arturo Torres Gutiérrez, propuso penas mayores para quienes cometan delitos de robo.
Durante un recorrido por La Loma, a donde acudió acompañado de la presidenta estatal de Acción Nacional, Leonor Mejía, señaló la necesidad de reformar el Código Penal del Estado de Querétaro para incrementar las penas a los delitos de robo a transeúnte, robo en transporte público o privado y robo a casa habitación, que son los delitos que más afectan a la sociedad.
“Si bien en Querétaro tenemos condiciones de seguridad pública que son mucho mejores que en prácticamente todo el resto del país, es necesario reforzar los mecanismos e instrumentos que disuadan la comisión de delitos” expresó a los ciudadanos.
Explicó que actualmente, las penas para el delito de robo en transporte o robo a transeúnte con violencia, tienen una agravante, lo que las fija en: prisión de 1 a 4 años y medio, y de 100 a 200 días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de 21 mil pesos; prisión de 3 a 7 años y medio y de 200 a 400 días multa, cuando el valor de lo robado exceda los 21 mil pesos y prisión de 5 a 18 años y de 400 a 750 días multa, cuando el valor de lo robado exceda de 65 mil pesos
Dijo que es claro que en robo en transporte y en robo a transeúnte, el monto de lo robado casi siempre será de menos de 21 mil pesos, por lo que, para este tipo de delitos, la pena es poco disuasiva y respecto al caso de robo a casa habitación, la pena es más alta alcanza un intervalo de tres a 15 años de prisión; pero la pena mínima sigue siendo poco disuasiva.
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Una vez que llegue al congreso del Estado como diputado por el tercer distrito, dijo Arturo Torres, va a proponer aumentar las penas para estos delitos a fin de que actúen como disuasores, alcanzando de cuatro a ocho años de prisión para los primeros dos casos, con lo que los imputados no podrán acceder a beneficios tales como la reducción de la pena.
En el caso del robo a casa habitación, se propondrá aumentar la pena mínima, de tres a cinco años de prisión, con lo que se fomenta que dicha pena tenga un efecto disuasivo de ese delito.
