Diputados de la LX Legislatura aprobaron la denominada “Ley Victoria”, a través de la cual se aumentará hasta en una tercera parte la pena por el delito de feminicidio en caso de que la víctima sea niña, adolescente o mujer con discapacidad.
La iniciativa fue presentada por las diputadas panistas Liz Selene Salazar Pérez y Laura Dorantes Castillo, quien aprovechó para despedirse de sus compañeras y compañeros con quienes presentó varias iniciativas en favor de grupos vulnerables, principalmente niñas, niños, adolescentes y familia.
“Estamos conscientes de que esta propuesta es solo un paso de un camino muy, pero muy largo, que debemos de recorrer como sociedad y autoridades. Tenemos que empezar a construir las normas que nos permitan avanzar hacia un Querétaro sin feminicidios”, enfatizó.
Esta iniciativa se presentó tras el feminicidio de la menor Victoria, en abril de este año, y contó con el respaldo de Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En dicha sesión también se aprobó la creación de una vicefiscalía regional en el estado que atenderá asuntos ocurridos en los municipios de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán.
De la misma manera, se aprobó la creación de una ley Orgánica del Poder Judicial, que contempla la creación de un tribunal virtual, para el que se deberá considerar presupuesto en el ejercicio fiscal de 2023, además de permitir que los jueces ocupen el cargo hasta por 20 años.
De la misma manera, se autorizó la enajenación y desincorporación de seis inmuebles en favor de la Fiscalía General del estado de Querétaro, en los que se construirán dos nuevas instalaciones de atención ciudadana de este organismo autónomo.
De los seis inmuebles, cuatro, propiedad del Poder Ejecutivo, están ubicados en los municipios de El Marqués, Amealco de Bonfil, Querétaro y San Juan del Río, y fueron enajenados, a título gratuito, en favor de la fiscalía, mientras que los otros dos son propiedad de los municipios de Pedro Escobedo y Ezequiel Montes, donde serán construidas nuevas sedes de la fiscalía, donde se edificaría la vicefiscalía regional.
