Con la negativa de cuatro diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue aprobada la reforma electoral de Querétaro que prohíbe la participación en el proceso electoral de violentadores familiares, de género y políticos, así como de personas sentenciadas por delitos contra la libertad e inexperiencia sexuales y deudoras alimentarias.
Lo anterior, de acuerdo con el dictamen de la gaceta legislativa número 56, publicada en la página del Poder Legislativo, en la que se determina que quienes presenten una solicitud de registro de una candidatura deberán manifestar, por escrito y bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenados por sentencia firme por violencia política contra las mujeres en razón de género.
La reforma, fue aprobada a favor por los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Querétaro Independiente (QI), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que los diputados Armando Sinecio, Juan José Jiménez, Yasmín Albellán y Andrea Tovar votaron en contra.
En entrevista, Guillermo Vega Guerrero, diputado coordinador del PAN, destacó que uno de los avances de la reforma es la integración de una fórmula de dos personas que formen parte de algún grupo vulnerable para el caso de los Ayuntamientos, y una fórmula de una persona para el caso de las candidaturas a diputaciones locales.
Vega Guerrero señaló que los grupos vulnerables reconocidos son integrados por personas migrantes, jóvenes, adultas mayores, de la diversidad sexual o con discapacidad; además, aseveró que el glosario será incluido en el dictamen que se envíe al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, y que argumentó se publicaría este sábado para cumplir con una sentencia del Tribunal Electoral del estado (TEEQ).
El legislador panista reconoció que la propuesta aprobada por la mayoría dio un paso hacia la progresividad; aunque reconoció que no como el grupo parlamentario de Morena quería.
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“Yo creo que hemos dado un paso, tampoco puedo decirte que es una legislación como ya se ha dado en otras entidades, cada entidad toma decisiones en función de datos, de realidades, de idiosincrasia y de todo”, aseveró.
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