Mientras que la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro insistirá para que el municipio de Querétaro acepte la recomendación que se le hizo por negar el trámite de matrimonio a dos parejas del mismo sexo; el municipio considera el tema un caso cerrado.
La presidenta de la Defensoría, Roxana Ávalos Vázquez, confirmó que el municipio capitalino aceptó la recomendación de manera parcial, por lo cual les volvieron a enviar un documento para insistirles que cumplan.
Recordó que como parte de la recomendación, solicitaron al municipio capitalino, información sobre las acciones que llevan a cabo para que se modifique la legislación, además de solicitarles capacitación para su personal sobre el tema de derechos humanos.
Dijo tener claro que no es el municipio quien modifica la legislación, sin embargo señaló que se les volvió a solicitar que les informen qué acciones llevan a cabo para ello, y por otro lado que se respeten las leyes constitucionales en materia de no discriminación.
“Que en la cuestión de la capacitación se está haciendo, y en el otro, que no tienen la competencia para modificar la legislación, me queda claro que no es por ahí, sin embargo se volvió a enviar un documento en donde se les pide que nos indiquen qué medidas están tomando”, apuntó.
Puntualizó que la Defensoría como ombudsman no puede imponer sanciones, porque su esencia es hacer señalamientos a través de recomendaciones o acuerdos de responsabilidad, y en este sentido, hacer la labor necesaria para que la autoridad cumpla.
“Aquí hay dos, o nos peleamos y no la cumple, o estamos insistiendo para que la cumpla, cuál creen que sea mejor. Insistirle”, comentó.
El secretario general de Gobierno del Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, afirmó que el municipio no tiene competencia jurídica para atender la recomendación de la Defensoría, por lo cual la aceptaron de manera parcial.
Explicó que la recomendación tenía dos elementos; uno, indicaba que el municipio debería adecuar el artículo 137 del Código Civil, para lo cual están jurídicamente imposibilitados.
Y el segunda elemento, se refería a capacitar al personal en materia de derechos humanos, lo cual señaló el funcionario, se hace de manera permanente; “Eso sí lo aceptamos y los seguiremos haciendo”.
“El estatus es se acepta una parte y eso se está haciendo, no se acepta en otra parte, eso ya sale de nuestra esfera jurídica, material, y política. En los discursos podemos decir lo que queremos, procesalmente para nosotros ya concluyó”, afirmó.
