/ sábado 2 de mayo de 2020

Cárcel para quien rompa la cuarentena

El dictamen señala que quien padezca enfermedad grave que ponga en peligro de contagio la salud de otro, se le impondrán hasta 6 años de prisión y trabajo comunitario

Luego de dos meses sin sesionar, debido a las medidas implementadas para evitar contagios de Covid-19, el Congreso de Querétaro aprobó una serie de modificaciones al Código Penal que endurecen las penas a quien agreda personal médico, ante la emergencia sanitaria.

Tania Palacios Kuri, diputada local por el PAN, expresó que esta "es una iniciativa de mano dura para distintos temas", al añadir que con esta, también se aumentan las penas por el delito de peligro de contagio.

De acuerdo con el dictamen proporcionado a medios de comunicación, quien sepa que padece una enfermedad grave en periodo infectante y ponga en peligro de contagio la salud de otro, se le impondrán de 3 a 6 años de cárcel y de 3 a 6 meses de trabajo a favor de la comunidad.

De acuerdo con esta reforma, se agrava en el delito de discriminación, cuando esta se cometa en contra de personal de servicios de salud públicos o privados, seguridad o protección civil hasta una mitad más. Actualmente, por este delito se aplican de uno a tres años y de 25 a 100 días de trabajos a favor de la comunidad, de darse ante este personal de salud podría aumentarse hasta una mitad.

De acuerdo con el proyecto de ley presentado, también se aprobó aumentar las penas, en caso de quebrantarse la prohibición de residir en una circunscripción territorial determinada. Con base en lo aprobado se imponen de dos a cinco años de prisión y de 10 a 120 UMA a quien viole la prohibición de residir en una circunscripción territorial determinada y, actualmente, se establecen de tres meses a tres años de prisión.

También se propone aplicar de dos a cinco años de prisión o hasta 500 UMAS, a quien viole ir a una circunscripción territorial determinada, es decir a otro municipio. En caso de violar esta determinación, se establecían, de tres meses a seis meses de prisión y de 20 a 60 UMAS.

Ante la emergencia sanitaria del Covid-19, Miguel Ángel Torres Olguín, coordinador por el PAN, explicó que aplicar esta medida de restricción en los municipios, dependerán de lo que determine el Consejo Estatal de Seguridad.

"Dependiendo lo que el Consejo de Seguridad pudiera determinar en cuanto a la movilidad de un municipio a otro, pero es un tema que todavía en estos momentos, ante la situación que estamos viviendo, no se ha llegado a tal decisión (...) En este momento, no aplica", enfatizó.

Luego de dos meses sin sesionar, debido a las medidas implementadas para evitar contagios de Covid-19, el Congreso de Querétaro aprobó una serie de modificaciones al Código Penal que endurecen las penas a quien agreda personal médico, ante la emergencia sanitaria.

Tania Palacios Kuri, diputada local por el PAN, expresó que esta "es una iniciativa de mano dura para distintos temas", al añadir que con esta, también se aumentan las penas por el delito de peligro de contagio.

De acuerdo con el dictamen proporcionado a medios de comunicación, quien sepa que padece una enfermedad grave en periodo infectante y ponga en peligro de contagio la salud de otro, se le impondrán de 3 a 6 años de cárcel y de 3 a 6 meses de trabajo a favor de la comunidad.

De acuerdo con esta reforma, se agrava en el delito de discriminación, cuando esta se cometa en contra de personal de servicios de salud públicos o privados, seguridad o protección civil hasta una mitad más. Actualmente, por este delito se aplican de uno a tres años y de 25 a 100 días de trabajos a favor de la comunidad, de darse ante este personal de salud podría aumentarse hasta una mitad.

De acuerdo con el proyecto de ley presentado, también se aprobó aumentar las penas, en caso de quebrantarse la prohibición de residir en una circunscripción territorial determinada. Con base en lo aprobado se imponen de dos a cinco años de prisión y de 10 a 120 UMA a quien viole la prohibición de residir en una circunscripción territorial determinada y, actualmente, se establecen de tres meses a tres años de prisión.

También se propone aplicar de dos a cinco años de prisión o hasta 500 UMAS, a quien viole ir a una circunscripción territorial determinada, es decir a otro municipio. En caso de violar esta determinación, se establecían, de tres meses a seis meses de prisión y de 20 a 60 UMAS.

Ante la emergencia sanitaria del Covid-19, Miguel Ángel Torres Olguín, coordinador por el PAN, explicó que aplicar esta medida de restricción en los municipios, dependerán de lo que determine el Consejo Estatal de Seguridad.

"Dependiendo lo que el Consejo de Seguridad pudiera determinar en cuanto a la movilidad de un municipio a otro, pero es un tema que todavía en estos momentos, ante la situación que estamos viviendo, no se ha llegado a tal decisión (...) En este momento, no aplica", enfatizó.

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