/ miércoles 3 de junio de 2020

Consideran amenaza objeción de conciencia

Legisladores deben trabajar con perspectiva de derechos humanos y de género, dice activista

Tras aprobarse en la Comisión de Salud del Congreso local, la iniciativa de objeción de conciencia que posibilita que los médicos se nieguen a prestar el servicio de salud que trasgreda sus valores personales, Yuridia Pérez, vocera de la Colectiva Juntas, advirtió que esta propuesta representa una amenaza y un retroceso para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La activista recordó que la objeción de conciencia, ya está contemplada en la NOM 046 para la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y la iniciativa que se analiza en el Congreso contraviene esta normativa.

“El riesgo que se corre es que pueda existir una negativa al acceso a la salud o a ciertos servicios a las mujeres principalmente”, subrayó.

Pérez enfatizó que, al dejarse en la iniciativa, lugar a la interpretación, se pueden afectar otros derechos relacionados con el tratamiento a personas con enfermedades de transmisión sexual o que exista discriminación en razón de cualquier otra condición.

En este sentido, hizo un llamado a los legisladores para que realicen su trabajo con una perspectiva de derechos humanos y de género, más allá de sus creencias personales y de sus credos.

“Puede ser que se derive en un riesgo de discriminaciones mayores (…) Esto representa un retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y si es importante que nos mantengamos vigilantes”, puntualizó.

Tras aprobarse en la Comisión de Salud del Congreso local, la iniciativa de objeción de conciencia que posibilita que los médicos se nieguen a prestar el servicio de salud que trasgreda sus valores personales, Yuridia Pérez, vocera de la Colectiva Juntas, advirtió que esta propuesta representa una amenaza y un retroceso para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La activista recordó que la objeción de conciencia, ya está contemplada en la NOM 046 para la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y la iniciativa que se analiza en el Congreso contraviene esta normativa.

“El riesgo que se corre es que pueda existir una negativa al acceso a la salud o a ciertos servicios a las mujeres principalmente”, subrayó.

Pérez enfatizó que, al dejarse en la iniciativa, lugar a la interpretación, se pueden afectar otros derechos relacionados con el tratamiento a personas con enfermedades de transmisión sexual o que exista discriminación en razón de cualquier otra condición.

En este sentido, hizo un llamado a los legisladores para que realicen su trabajo con una perspectiva de derechos humanos y de género, más allá de sus creencias personales y de sus credos.

“Puede ser que se derive en un riesgo de discriminaciones mayores (…) Esto representa un retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y si es importante que nos mantengamos vigilantes”, puntualizó.

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