La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García, aclaró que las posibles denuncias que se interpongan ante la Fiscalía serían por daños no relacionados a las manifestaciones estudiantiles, puesto que enfatizó en que no habrá represalias en contra de quienes participaron en la protesta.
“Hay que diferenciar las acciones de la protesta, de la manifestación libre de nuestras y nuestros estudiantes, pero esto hay que diferenciarlo de actos delictivos y a qué me refiero: si dentro de esta recepción de instalaciones encontramos situaciones no relacionadas con la manifestación y con el paro, por ejemplo, que se haya robado equipo, o que se haya sustraído información, carpetas, situaciones que afecten el patrimonio y la integridad universitaria”.
De acuerdo con Teresa García Gasca, las pintas y el derribo de la estatua del rector Fernando Díaz Ramírez son intervenciones y así es como se considerarán, puesto que reiteró que no hay ninguna intención de ejercer represalias en contra de los estudiantes que participaron en el movimiento.
La académica señaló que las denuncias ante la Fiscalía aún no se han interpuesto, puesto que se han dedicado a trabajar en el registro de los nombres de personas señaladas a través de pintas o cartulinas, para que la Unidad de Atención a Violencia de Género (UAVIG), comience las investigaciones pertinentes.
“Este jueves tenemos una primera acción, que va a ser un taller de varones, de masculinidades para directivas, directivos, funcionarias y funcionarios universitarios, arrancamos con este primer taller de sensibilización, concientización y reeducación”.
En común acuerdo con estudiantes que participaron en el paro, se determinó que las consignas se conservarían, pero los nombres serían borrados, debido a la procuración del respeto a los derechos humanos tanto de víctimas como de señalados.
Además, apuntó que es falso que los cuatro funcionarios a los que se les había exigido que renunciaran ya volvieron a sus puestos de trabajo, puesto que actualmente se lleva a cabo la investigación para determinar si existen responsabilidades por los hechos de los que se les señaló de manera pública por el movimiento estudiantil.
