Al acercarse este domingo la Consulta Popular sobre el juicio a exfuncionarios públicos, las dirigencias de Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) coincidieron al señalar que las instancias gubernamentales tienen la obligación de proceder legalmente de existir delitos y no se puede consultar si se aplica o no la ley.
El dirigente priista, Paul Ospital, enfatizó que este ejercicio es una pérdida de dinero, ya que, costará cerca de 500 millones de pesos a los mexicanos, y subrayó que en un Estado de Derecho no se puede consultar si se aplica o no la ley, o si se debe de investigar delitos.
“Es una gran estupidez, una pérdida de tiempo y una payasada del gobierno federal”, declaró.
En tanto, Martín Arango García, secretario general de Acción Nacional (PAN), coincidió con el tricolor al señalar que, sin necesidad de realizarse una consulta, las instancias gubernamentales tienen la obligación de proceder legalmente, cuando hay un delito de por medio.
“La consulta está de sobra si se trata de enjuiciar a algún actor político, como lo plantea la propia pregunta, por haber cometido un delito. Eso no tendría que ser algo sometido a consulta”, subrayó.
Arango García manifestó que la amplitud en la pregunta, provocaría incluso que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador sea enjuiciado por sus “malas decisiones” en el gobierno.
En tanto, el secretario en funciones de presidente de Morena, Mauricio Ruiz Olaes, manifestó que si bien el partido no promueve la consulta popular, instó a que la población participe, sin importar qué opinión tiene acerca de esta.
Aseveró que, este ejercicio, es una oportunidad para opinar sobre las anteriores administraciones y lamentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha caído en una irresponsabilidad en no difundir este ejercicio ciudadano.
“…que voten a favor o en contra no importa. La intención es empoderar al pueblo, que salga, que dé su punto de vista”, concluyó.
