La LX Legislatura aprobó varias reformas al artículo 440 del Código Civil del estado de Querétaro con el objetivo de quitar la patria potestad a quienes realicen o permitan el abuso sexual de menores de edad, así como a quien obligue o permita el trabajo infantil.
Durante sesión de pleno del congreso local, Laura Dorantes Castillo, diputada local y autora de esta iniciativa, indicó que la intención de la reforma aprobada tiene como objetivo remediar uno de los problemas más recurrentes que afecta a niñas, niños y adolescentes que viven con su agresor sexual.
“Lo que el dictamen propone es crear una causal directa de la pérdida de patria potestad que aplique en estos casos con lo que los jueces de lo familiar verán facilitada su labor jurisdiccional y tutelar, mientras que las niñas, niños y adolescentes podrán liberarse de su agresor sexual”, enfatizó.
Esta reforma fue aprobada el pasado 19 de abril en sesión de la comisión de administración y procuración de justicia y contó con el aval del Sistema Estatal DIF y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Como parte de este dictamen, la diputada local del PAN, Maricruz Arellano Dorado presentó una reserva para también considerar la pérdida de patria potestad por obligar y permitir el trabajo infantil.
Destacó que, de acuerdo con la Encuesta nacional de trabajo infantil 2019 del Inegi, Querétaro es el sexto estado con menor porcentaje de trabajo infantil a nivel nacional, lo que, dijo, significa que se han implementado acciones para disminuir esta estadística en la entidad.
“El trabajo infantil sigue existiendo en nuestro país a pesar de estar prohibido legalmente, la encuesta muestra que en Querétaro el 7.8% de la población de entre 5 y 17 años realiza alguna actividad de trabajo no permitido”, apuntó.
La reserva presentada adiciona la fracción XIV para quitar la patria potestad “cuando quien ejerza la patria potestad obligue o permita reiteradamente que la niña, niño o adolescente practique actos de mendicidad forzada, trabajo infantil o cualquier otra actividad que ponga en riesgo su salud, le prive de la educación o afecte sus derechos y desarrollo con el fin de obtener un beneficio o retribución económica”.
Además, contempla la adición de un último párrafo que señala que “La pérdida de la patria potestad solo se dará cuando la medida resulte necesaria, idónea y razonable para la protección de los derechos de las niñas, niños o adolescente conforme a su interés superior”.
