Gerardo Cuanalo Sánchez continuará como encargado de despacho de la Agencia de Movilidad del estado de Querétaro, hasta que se realice el nombramiento de la dirección general tras la publicación y entrada en vigor de la ley de la agencia de movilidad y modalidades de transporte público de la entidad.
El 21 de diciembre fue publicada en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” la ley en la que se establece que el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, tendrá 10 días naturales para realizar dicho nombramiento.
Esta ley, fue aprobada el 17 de noviembre de este año en la LX Legislatura con lo que quedó extinto el entonces Instituto Queretano del Transporte (IQT).
Asimismo, menciona que durante los 15 días naturales posteriores a su entrada en vigor el Consejo directivo de la Agencia deberá celebrar su sesión de instalación. Además, los 134 funcionarios que laboraban en el IQT pasarán a trabajar a la agencia.
De acuerdo con el presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo para el ejercicio fiscal 2023, la Agencia tendrá presupuesto de 64 millones 764 mil 484 pesos, mientras que lo que resta del año deberá realizar las adecuaciones necesarias a fin de contar con los recursos humanos, financieros, materiales y demás para su operación.
A través de esta ley, se regulan los servicios de taxis de ruta, que iniciaron operaciones el sábado pasado, así como los taxis de servicio a demanda, como Uber, Didi, Cabify y otras plataformas electrónicas, las cuales, se establece, deberán contribuir con el 1.5% del servicio que se brinde por el nuevo impuesto al servicio de transporte a demanda.
Esta ley, de acuerdo con diversos posicionamientos, evitará el “secuestro” de las unidades de transporte público, además de que dará facultades al estado para el retiro de las concesiones que incumplan con la normatividad.
En los transitorios de la ley, se establece que a más tardar el 28 de febrero del próximo año se deberán regularizar las concesiones para prestar el servicio público de taxi, así como permisos de transporte privado de pasajeros que cuenten con adeudos derivado del refrendo o renovación de concesiones o permisos de ejercicios anteriores.
Lo anterior, a través del pago de tres Unidades de Medida de Actualización (UMA) por concepto de refrendo o renovación, y tres Unidades de Medida de Actualización (UMA) por concepto de revisión física y mecánica de los vehículos por cada uno de los ejercicios adeudados, esto con el objetivo de regularizar el servicio.
