Aunque el viernes habían salvado la aduana legislativa, por orden del gobernador los titulares Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras Álvarez, y de Protección Civil estatal, Carlos Rodríguez di Bella, deben presentarse a comparecer ante el Congreso.
No obstante, el propio Mauricio Kuri González descartó por el momento el despido de estos funcionarios de su gabinete por lo sucedido en el estadio Corregidora el 5 de marzo.
La semana pasada tanto los legisladores de Morena Andrea Tovar y Juan José Jiménez como el priísta Paul Ospital pidieron la comparecencia ante el Congreso local de los funcionarios estatales por los hechos de violencia ocurridos en el estadio la Corregidora el 5 de marzo.
“Tienen que ir estos dos secretarios a explicarles qué fue lo que sucedió, porque lo qué pasó evidentemente fue una tragedia, aunque no hubo muertos fue una tragedia para Querétaro”, afirmó.
Kuri González consideró que ante las crisis no son tiempos de renuncias sino de crecimiento, por lo que pidió a la población confiar en estos dos funcionarios estatales encargados de la seguridad pública y protección civil en todo el estado.
“Ellos (titular de SSC y PC) están haciendo su trabajo, que vayan, que den la cara con los diputados y después veremos qué pasa”, subrayó.
Señaló que la decisión sobre el posible despido de esos funcionarios es del gobernador, y analizará qué pasa en los próximos días.
“La única persona que fue contratada por seis años soy yo, todos los que yo invité a trabajar todos los días se ganan la chamba”, puntualizó.
El gobernador también señaló que recibió el informe de seguridad ciudadana en la que explican que sí solicitaron más apoyo de elementos policiacos, pero llegaron tarde, además que los policías se dedicaron a apoyar en el resguardo de quienes estaban en el estadio.
“Pasaron de contener a proteger, independientemente de eso por supuesto que hubo un policía que estaba hablando por teléfono, que a mi me dio mucha frustración”, refirió.
El mandatario también destacó el trabajo que ha realizado la Fiscalía General del Estado (FGE) y el poder judicial en la detención y vinculación a proceso de los presuntos responsables.
