Periodistas de Querétaro entregaron una solicitud al Poder Ejecutivo del Estado para exigir el veto el artículo 159 del Código Penal del Estado, y ante la Defensoria de los Derechos Humanos (DDHQ) para que ingrese una acción de inconstitucionalidad, ya que podría comprometer la seguridad y el ejercicio periodístico.

Este artículo fue aprobado por mayoría en el Congreso Local, el pasado viernes como parte del paquete de reformas al Código Penal del Estado.

El artículo dice “se impondrá de uno a cinco años, hasta 500 veces el valor diario de la UMA, por concepto de multa y trabajos en favor de la comunidad hasta por seis meses, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, utilice, revele, entregue o facilite el acceso a información, documentos o cualquier objeto que se le hubiese confiado sea público o privado”.

Ante esto, el gremio de periodistas, afirmó que la redacción es ambigua y peligrosa para su aplicación, ya que podría mal interpretarse y utilizarse con discrecionalidad.

“Se entiende la finalidad de evitar acciones corruptas en el uso de información gubernamental desde adentro de las instituciones públicas en beneficio del tráfico de influencias que son delitos contemplados en la ley, pero en la forma que está redactado abre un resquicio que abonará a la criminalización del ejercicio periodístico”.

Aunque en un inicio hubo resistencia a recibir el documento, ya que pedían un domicilio, nombre y teléfono de una sola persona, fue el área de atención ciudadana del Poder Ejecutivo quien registró el documento y le dio trámite.

Mientras que en la DDHQ, fue el titular de dicho órgano, Javier Rascado quien atendió a las y los periodistas, y se comprometió a que una vez que se publique la ley, lo analizará, y se podría tramitar una acción de inconstitucionalidad.