/ sábado 23 de julio de 2022

Piden retirar cargos a manifestantes

Exigieron a las autoridades estatales no criminalizar la protesta pública

Asociaciones de la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) exigieron a las autoridades en Querétaro el retiro de los cargos en contra de los tres detenidos el pasado 10 de junio, en lo que consideraron un contexto de represión del derecho a la manifestación pública, así como hacer efectivo el Acuerdo de Escazú, ratificado por México en noviembre de 2020 y centrado en el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

En comunicado de prensa, la REDAVI recordó los acontecimientos en el estado luego de la aprobación de la Ley que Regula los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, también llamada “Ley de Concesiones”, donde se hizo un recorrido de la problemática de esta normativa y la posterior represión por parte de las autoridades estatales en Avenida 5 de Febrero.

Fue en ese momento donde a estas personas se les detuvo y con quienes no se estuvo comunicación pese a que las autoridades afirmaron que había contacto con familiares; versión desmentida por los implicados, donde aseguraron sufrir agresiones verbales y físicas en el proceso de captura y hasta su llegada a la Fiscalía No. 5.

“A pesar de que logramos liberarlos con presión y movilización social, la Fiscalía les imputó los cargos por los delitos contra la seguridad y el normal funcionamiento de los medios de transporte, desobediencia y resistencia de particulares, por lo que su libertad aún está en riesgo”, explicó el comunicado.

La REDAVI detalló otros actos de intimidación por parte del estado a un integrante de la Confederación Indígena del barrio de San Francisquito y la persecución emprendida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra Bernardo Romero Vázquez, consejero ciudadano, por sus declaraciones en medios al desaprobar la decisión de este organismo de ratificar la postura del gobierno y no declarar acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Concesiones.

Cuestionaron la postura oficial del estado sobre la falta de diálogo, detallando que se solicitó ante el Congreso local un Parlamento Abierto; acción respaldada por 30 colectivos de diversos ámbitos, así como una invitación a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para participar en el Festival Agua que corre, misma que cual fue declinada.

La problemática del agua se enmarca en un contexto de violencias en Querétaro denunciadas por periodistas y activistas de la entidad, en diversos aspectos como el medio ambiente, la desaparición de personas, las violencias de género, así como el ciberacoso y el racismo vivido en la entidad.

Al respecto, las autoridades estatales han sido señaladas por la REDAVI debido a la falta de empatía ante una situación que, consideraron, atañe a la sociedad en general, y sobre todo cuestionaron el que estos organismos sean criminalizados o señalados como grupos afines a partidos políticos, ratificando su postura ciudadana de manera pública.

Asociaciones de la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) exigieron a las autoridades en Querétaro el retiro de los cargos en contra de los tres detenidos el pasado 10 de junio, en lo que consideraron un contexto de represión del derecho a la manifestación pública, así como hacer efectivo el Acuerdo de Escazú, ratificado por México en noviembre de 2020 y centrado en el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

En comunicado de prensa, la REDAVI recordó los acontecimientos en el estado luego de la aprobación de la Ley que Regula los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, también llamada “Ley de Concesiones”, donde se hizo un recorrido de la problemática de esta normativa y la posterior represión por parte de las autoridades estatales en Avenida 5 de Febrero.

Fue en ese momento donde a estas personas se les detuvo y con quienes no se estuvo comunicación pese a que las autoridades afirmaron que había contacto con familiares; versión desmentida por los implicados, donde aseguraron sufrir agresiones verbales y físicas en el proceso de captura y hasta su llegada a la Fiscalía No. 5.

“A pesar de que logramos liberarlos con presión y movilización social, la Fiscalía les imputó los cargos por los delitos contra la seguridad y el normal funcionamiento de los medios de transporte, desobediencia y resistencia de particulares, por lo que su libertad aún está en riesgo”, explicó el comunicado.

La REDAVI detalló otros actos de intimidación por parte del estado a un integrante de la Confederación Indígena del barrio de San Francisquito y la persecución emprendida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra Bernardo Romero Vázquez, consejero ciudadano, por sus declaraciones en medios al desaprobar la decisión de este organismo de ratificar la postura del gobierno y no declarar acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Concesiones.

Cuestionaron la postura oficial del estado sobre la falta de diálogo, detallando que se solicitó ante el Congreso local un Parlamento Abierto; acción respaldada por 30 colectivos de diversos ámbitos, así como una invitación a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para participar en el Festival Agua que corre, misma que cual fue declinada.

La problemática del agua se enmarca en un contexto de violencias en Querétaro denunciadas por periodistas y activistas de la entidad, en diversos aspectos como el medio ambiente, la desaparición de personas, las violencias de género, así como el ciberacoso y el racismo vivido en la entidad.

Al respecto, las autoridades estatales han sido señaladas por la REDAVI debido a la falta de empatía ante una situación que, consideraron, atañe a la sociedad en general, y sobre todo cuestionaron el que estos organismos sean criminalizados o señalados como grupos afines a partidos políticos, ratificando su postura ciudadana de manera pública.

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