La LX Legislatura aprobó reformas al Código Civil del estado y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado para visibilizar y prohibir el castigo corporal y humillante en el estado de Querétaro.
Durante la sesión, Mariela Morán Ocampo, diputada autora de la iniciativa, subrayó que el objetivo es que los niños, niñas y adolescente sepan que el castigo corporal y humillante vulneran sus derechos, y reconoció que no se contemplan sanciones pues la intención inicial es enfocarse en la crianza positiva.
“La intención de esta iniciativa es darle este enfoque a la crianza positiva, no pensar tanto en las sanciones, si no en lo que sí deben hacer los padres, tutores, cuidadores. Vamos a hacer un trabajo muy arduo porque, como lo mencionaba ayer, los medios de comunicación van a jugar un papel fundamental”, señaló.
Agregó que, en conjunto con distintas organizaciones de la sociedad civil, se están realizando contenidos a través de plataformas digitales para dar a conocer prácticas de crianza positiva, para evitar que se opte por el castigo corporal.
Pese a que no se contemplan sanciones en la reforma, la diputada mencionó que el castigo corporal se considera como violencia familiar, delito que contempla una pena de 1 a 4 años de prisión en el Código Penal del estado.
“Al día de hoy no tenemos precedentes en Querétaro, se tendrá que ir construyendo, con base en esos precedentes, pero también con las mesas de trabajo que vamos a seguir teniendo. Esto es muy importante porque es el primer paso, tenemos que hacer mesas regionales”, refirió.
Asimismo, se aprobó la iniciativa para declarar el 19 de marzo de cada año como el “Día estatal de las personas profesionales y trabajadoras de la Salud que perdieron la vida en el cumplimiento de su labor durante la pandemia de Covid-19”.
En sesión de pleno, también fue aprobada una reforma para descentralizar y dar autonomía al Instituto de estudios constitucionales del estado de Querétaro, así como un exhorto a los 18 municipios del estado para que, en el ámbito de su competencia, implementen acciones, manuales o protocolos para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política de género, al interior de sus administraciones.
