Las revisiones sin orden judicial de por medio y bajo sospecha fundada no son el camino correcto y puede representar un retroceso en la protección de los derechos constitucionales, dijo el diputado Roberto Cabrera Valencia, presidente de la Comisión de Seguridad Publica y Protección Civil de la legislatura local.

Subrayó que no hay elementos que justifiquen esos actos de autoridad que vulneran garantías individuales y derechos de los ciudadanos, por lo que es indispensable que los servidores públicos se comporten sólo dentro del marco que la ley les permite.

“Tener bajo una sospecha fundada la autoridad para poder intervenir derechos personales no es el camino correcto, eso lo dicen especialistas de derecho y me sumo a que esto es un retroceso en México”, dijo el diputado del Partido Acción Nacional (PAN).

Reconoció que esta decisión pretende combatir la delincuencia organizada, “como lo queremos todas las mexicanas y todos los mexicanos”, pero ese objetivo no puede cumplirse bajo un esquema de ilegalidad que afecte a la población.

Cabrera Valencia aclaró que se trata de una decisión federal que sólo pueden aplicar autoridades federales, como la propia Procuraduría General de la Republica (PGR) y no se podria armonizar en leyes estatales.

“Si hubiera alguien que sospechara, podría aplicarse por la autoridad federal correspondiente. De manera local no tendríamos la obligación de legislar para delitos locales de esta manera y no propondríamos algo de esa magnitud ni de esa naturaleza. Sólo es para delincuencia organizada y de competencia federal, no obliga en materia local, aunque se puede autorizar en todo el país por las autoridades competentes”, afirmó.

Agregó que los ciudadanos tienen derecho a quejarse ante las decisiones que permiten las revisiones sin orden judicial, por lo que confió en que se recurrirá a los instrumentos legales para defender a la población.

“En la flagrancia no hay problema, pero no podemos caer en el sospechosismo, que finalmente lo pueda argumentar, a criterio personal, cualquier funcionario público porque son medidas vulneradoras de garantías individuales”, añadió.