Votar en prisión es un derecho frágil en México, consideró Alejandro David Avante Juárez, magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el marco de la conferencia magistral "Implementación del voto de las personas en prisión preventiva en México SUP-JDC-352/2018".
"Votar en prisión es un derecho que a la luz de lo que hemos visto se torna frágil, la tarea del estado mexicano es fortalecer los mecanismos para hacer a un lado la fragilidad en el derecho para votar", dijo.
Durante la conferencia, recordó que la sentencia SUP-JDC-352/2018 se dio a raíz de la solicitud de dos personas que dijeron encontrarse en prisión preventiva, por lo que, tras el análisis de la situación, se ordenó al INE la puesta en marcha del programa piloto.
Dicho programa piloto se implementó en cinco centros de reclusión en el que participaron 898 personas privadas de la libertad que se encontraban o estuvieron en la lista nominal.
"Se adoptó el criterio de que las personas en prisión preventiva tenían derecho a voto y se vinculó al Instituto Nacional Electoral (INE) para implementar el voto de las personas en 2024, para que las personas en reclusión participen", indicó.
Añadió que en 2021 se ingresaron dos mil 200 solicitudes de inscripción a la lista nominal, de las cuales sólo 958 fueron procedentes, lo que significó que más de la mitad no fueron procedentes; refirió que, por lo anterior, se iniciaron 166 juicios y sólo uno de ellos resultó favorable.
Avante Juárez mencionó que esto se debió a que, del total, al menos 64 personas eran menores cuando ingresaron a prisión, lo que significó que no habían podido obtener la credencial para votar, por lo que se desecharon las solicitudes.
Detalló que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, hasta enero de este año había 92 mil 615 personas en prisión preventiva en 284 centros de reclusión, y refirió que, según los datos, 40.26% de las personas privadas de la libertad no tienen sentencia.
En la conferencia expuso algunas de las implicaciones que tiene el voto de las personas privadas de la libertad, como es que se requiere una credencial con fotografía y formar parte de la lista nominal.
En 2021 se implementó el programa en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO) 11 de Sonora, 12 de Guanajuato, 15 de Chiapas, 16 de Morelos y 17 de Michoacán.
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A nivel mundial, Argentina, Costa Rica, Ecuador y España cuentan con alguna normativa a partir de la cual se garantiza el derecho al voto de las personas en prisión preventiva.
