/ lunes 19 de octubre de 2020

Más de 200 manifestantes detenidos en Bielorrusia

Decenas de miles de opositores desfilaron el domingo contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko

Decenas de miles de opositores desfilaron el domingo contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, pese a la amenaza policial de reprimir con armas de fuego la protesta en la que fueron detenidos unos 200 manifestantes.

Esta marcha es la primera acción importante desde el ultimátum dado a Lukashenko, en el poder desde 1994, por la líder de la oposición Svetlana Tijanóvskaya, refugiada en Lituania.

La opositora le dio al presidente hasta el 25 de octubre para que se retire, de lo contrario llamará al país a manifestarse y a una huelga general.

A diferencia de las protestas anteriores, los manifestantes escogieron el domingo no desfilar en el centro de Minsk sino en una arteria del sur de la capital, donde se encuentran varias fábricas, gritando "¡Huelga!" y consignas anti-Lukashenko y contra la policía.

La portavoz del Ministerio del Interior, Olga Chemodanova, informó a la AFP que más de 200 manifestantes fueron detenidos, casi en su totalidad en Minsk, y que la policía utilizó balas de goma contra manifestantes que les arrojaban piedras.

La policía, sin embargo, no disparó en esta jornada balas reales contra la multitud, como había amenazado con hacer "si es necesario", lo que habría constituido una grave escalada de la crisis.

Angela Krassovskaia, una manifestante, dijo a la AFP no tener miedo. "No podemos volver atrás. Si empiezan a disparar, habrá más gente en las calles", afirmó.

Otra manifestante, la jubilada Maria Petrovich, estimó que "el nivel de violencia perpetrada por las autoridades no tiene precedentes", pero se dice dispuesta a continuar hasta la salida de Lukashenko.

La policía bielorrusa ya había disparado munición real a principios de agosto durante las primeras manifestaciones en el sur del país. Desde el comienzo de la protesta, la represión ha causado al menos tres muertos y decenas de heridos.

Ultimátum

El presidente de 66 años, bajo una presión sin precedentes desde las controvertidas elecciones presidenciales del 9 de agosto, no ha mostrado ninguna intención de ceder a las demandas de sus opositores, todo lo contrario.

Todos los líderes de la oposición bielorrusa están ahora detenidos o exiliados en el extranjero.

Y el domingo pasado, la manifestación semanal en Minsk fue violentamente reprimida por la policía, que utilizó cañones de agua y granadas aturdidoras contra la muchedumbre y detuvo a cientos de personas. Fue la intervención más brutal en semanas.

Otras manifestaciones más pequeñas fueron reprimidas por la policía desde la última manifestación gigante de hace una semana.

El sábado, durante la tradicional manifestación de mujeres y estudiantes, 58 personas, incluyendo periodistas, fueron arrestadas, según las autoridades.

En su ultimátum, fijado para el 25 de octubre, la opositora Svetlana Tijanóvskaya, además de la dimisión de Lukashenko, pidió poner fin a la represión de las manifestaciones y la liberación de todos los "presos políticos".

En otro mensaje difundido este domingo, llamó a sus conciudadanos a "continuar expresando" sus "reivindicaciones de forma pacífica y resuelta".

"No nos detendremos hasta que todos los prisioneros políticos hayan sido liberados, y que las fuerzas de seguridad hayan comenzado a proteger a su pueblo, y vuelvan a Bielorrusia la ley y las elecciones justas", agregó.

Desde el comienzo del movimiento de protesta, cientos de manifestantes, líderes de movimientos políticos, sindicatos y periodistas fueron arrestados.

Lukashenko tiene el apoyo de Moscú, pero está bajo la amenaza de sanciones de la Unión Europea.

La UE ya sancionó a 40 dirigentes del régimen, entre ellos el ministro del Interior y su adjunto, acusados de estar implicados en la represión y el fraude en las elecciones presidenciales del 9 de agosto, cuyo resultado no reconocen los europeos.

Tijanóvskaya realizó numerosos viajes al extranjero, y obtuvo el apoyo de Alemania y Francia, entre otros, pero Rusia considera que estas intervenciones son una injerencia y considera que la opositora y excandidata presidencial no es una interlocutora legítima.

Decenas de miles de opositores desfilaron el domingo contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, pese a la amenaza policial de reprimir con armas de fuego la protesta en la que fueron detenidos unos 200 manifestantes.

Esta marcha es la primera acción importante desde el ultimátum dado a Lukashenko, en el poder desde 1994, por la líder de la oposición Svetlana Tijanóvskaya, refugiada en Lituania.

La opositora le dio al presidente hasta el 25 de octubre para que se retire, de lo contrario llamará al país a manifestarse y a una huelga general.

A diferencia de las protestas anteriores, los manifestantes escogieron el domingo no desfilar en el centro de Minsk sino en una arteria del sur de la capital, donde se encuentran varias fábricas, gritando "¡Huelga!" y consignas anti-Lukashenko y contra la policía.

La portavoz del Ministerio del Interior, Olga Chemodanova, informó a la AFP que más de 200 manifestantes fueron detenidos, casi en su totalidad en Minsk, y que la policía utilizó balas de goma contra manifestantes que les arrojaban piedras.

La policía, sin embargo, no disparó en esta jornada balas reales contra la multitud, como había amenazado con hacer "si es necesario", lo que habría constituido una grave escalada de la crisis.

Angela Krassovskaia, una manifestante, dijo a la AFP no tener miedo. "No podemos volver atrás. Si empiezan a disparar, habrá más gente en las calles", afirmó.

Otra manifestante, la jubilada Maria Petrovich, estimó que "el nivel de violencia perpetrada por las autoridades no tiene precedentes", pero se dice dispuesta a continuar hasta la salida de Lukashenko.

La policía bielorrusa ya había disparado munición real a principios de agosto durante las primeras manifestaciones en el sur del país. Desde el comienzo de la protesta, la represión ha causado al menos tres muertos y decenas de heridos.

Ultimátum

El presidente de 66 años, bajo una presión sin precedentes desde las controvertidas elecciones presidenciales del 9 de agosto, no ha mostrado ninguna intención de ceder a las demandas de sus opositores, todo lo contrario.

Todos los líderes de la oposición bielorrusa están ahora detenidos o exiliados en el extranjero.

Y el domingo pasado, la manifestación semanal en Minsk fue violentamente reprimida por la policía, que utilizó cañones de agua y granadas aturdidoras contra la muchedumbre y detuvo a cientos de personas. Fue la intervención más brutal en semanas.

Otras manifestaciones más pequeñas fueron reprimidas por la policía desde la última manifestación gigante de hace una semana.

El sábado, durante la tradicional manifestación de mujeres y estudiantes, 58 personas, incluyendo periodistas, fueron arrestadas, según las autoridades.

En su ultimátum, fijado para el 25 de octubre, la opositora Svetlana Tijanóvskaya, además de la dimisión de Lukashenko, pidió poner fin a la represión de las manifestaciones y la liberación de todos los "presos políticos".

En otro mensaje difundido este domingo, llamó a sus conciudadanos a "continuar expresando" sus "reivindicaciones de forma pacífica y resuelta".

"No nos detendremos hasta que todos los prisioneros políticos hayan sido liberados, y que las fuerzas de seguridad hayan comenzado a proteger a su pueblo, y vuelvan a Bielorrusia la ley y las elecciones justas", agregó.

Desde el comienzo del movimiento de protesta, cientos de manifestantes, líderes de movimientos políticos, sindicatos y periodistas fueron arrestados.

Lukashenko tiene el apoyo de Moscú, pero está bajo la amenaza de sanciones de la Unión Europea.

La UE ya sancionó a 40 dirigentes del régimen, entre ellos el ministro del Interior y su adjunto, acusados de estar implicados en la represión y el fraude en las elecciones presidenciales del 9 de agosto, cuyo resultado no reconocen los europeos.

Tijanóvskaya realizó numerosos viajes al extranjero, y obtuvo el apoyo de Alemania y Francia, entre otros, pero Rusia considera que estas intervenciones son una injerencia y considera que la opositora y excandidata presidencial no es una interlocutora legítima.

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