El Parlamento de Líbano aprobó este jueves el estado de emergencia declarado en Beirut tras la devastadora y mortífera explosión del puerto, que alimentó la rabia de los libaneses contra una clase política que juzgan responsable de la tragedia por su negligencia.
Presisidida por el jefe parlamentario Nabih Berri, en funciones desde 1992, la sesión --primera desde que ocurrió la explosión-- se abrió con la entrega oficial de las dimisiones de varios diputados que entregaron su curul como protesta.
Luego, el Parlamento ratificó el estado de emergencia que decretó el gobierno por dos semanas, un día después de la explosión del 4 de agosto que dejó 171 muertos y más de 6.500 heridos. El voto es necesario para todo periodo superior a ocho días, según la oenegé Legal Agenda.
No está claro por ahora, tras el voto, si el estado de emergencia comiezaba este jueves o si ya se considera vigente desde el 5 de agosto.
La tragedia, catástrofe de más para libaneses ya agobiados por la crisis económica, relanzó un movimiento de protesta desencadenado en el otoño de 2019 contra la clase política, acusada de corrupción e incompetencia, y ahora considerada directamente responsable de la explosión por su negligencia.
Todos sabían, incluso desde hace meses o años, de la presencia en un almacén del puerto de toneladas de nitrato de amonio desde hace seis años, según la confesión de algunos dirigentes libaneses y según fuentes de seguridad.
Más de una semana después de la explosión siguen llegando dirigentes extranjeros a Beirut, donde este jueves se espera a la ministra francesa de Defensa, Florence Parly, y al subsecretario de Estado para Asuntos Políticos David Hale, número tres de la diplomacia estadounidense.
"Impedir las reuniones"
El gobierno había precisado que, en virtud del estado de emergencia, un poder militar supremo se encargaría de las prerrogativas en materia de seguridad.
Para Legal Agenda, esa medida podría "atentar contra la libertad de manifestación" y permitiría al ejército "impedir las reuniones consideradas como una "amenaza a la seguridad".
En los últimos días han ocurrido disturbios en los alrededores del Parlamento. Las fuerzas de seguridad han lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes que arrojan piedras.
No obstante, una fuente militar mitigó esos temores, asegurando que no se trataba de "reprimir las libertades" sino de poner a las fuerzas de seguridad bajo el mando del ejército para unificar su acción.
La sesión del jueves ha sido boicoteada por las Fuerzas Libanesas. Este peso pesado tradicional de la vida política se opone al gobierno del primer ministro, Hassan Diab -quien renunció el lunes-, tras haber sido formado por un solo bando político, el de la influyente Hezbolá chiíta y sus aliados.
"Acelerar"
El presidente del Parlamento pidió este jueves "acelerar la formación del gobierno".
Pero una gran parte de los libaneses reclaman la salida del presidente Michel Aoun, de 85 años, del jefe parlamentario, diputados y de todos los dirigentes que están en el poder desde hace décadas.
La investigación sobre la explosión continúa. A partir del viernes, el fiscal interrogará a varios ministros, antiguos y actuales, sobre las cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto.
Mientras tanto, más de una semana después de la explosión, habitantes de Beirut, jóvenes voluntarios y oenegés siguen levantando escombros y distribuyendo ayudas, en medio de las críticas hacia las autoridades por no movilizarse lo suficiente ante la magnitud del cataclismo.
