Las políticas públicas en materia de medio ambiente han adquirido mayor relevancia conforme pasa el tiempo. A pesar de que el mundo entero se encuentra inmerso en un patente cambio climático, escasez de agua y pérdida de biodiversidad, para las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno en nuestro país parece que no está claro. Si lo estuviera no se ejecutarían proyectos devastadores como lo que ocurre con la construcción del Tren Maya, del que hace tan solo unas semanas se denunciaba por parte del Colectivo en defensa de la Selva Maya, Sélvame del Tren, la perforación del cenote Oppenheimer del sistema Aktun T’uyul, en lo que corresponde al avance de las obras en el tramo 5 Sur.
Qué decir del estado que guardan los cuerpos de agua en donde, de acuerdo con la Red de Agua UNAM, en México el 60% se encuentran contaminados, el 71% del territorio nacional se encuentra bajo estrés hídrico, 157 acuíferos están sobreexplotados y 106 municipios presentan alta vulnerabilidad debido a las sequías. Este panorama es más desalentador al carecer de una adecuada Ley General de Aguas a nivel nacional y a nivel estatal.
Se suman a la lista los incontables cambios de uso de suelo, los incendios forestales, el tráfico de flora y fauna silvestre, la falta de conciencia social por el cuidado del medio ambiente y la baja adopción de estrategias de economía circular. Además, por si fuera poco, la reducción de presupuesto a dependencias orientadas a la protección y cuidado ambiental en donde, de acuerdo con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), “7 de cada 10 pesos etiquetados para atender los efectos nocivos de la destrucción del ecosistema están dedicados a programas que no tienen un impacto positivo para el medio ambiente, tales como el Tren Maya o el transporte de gas natural”.
En este proceso electoral 2024 se renovarán más de 19 mil representantes públicos en los 32 estados. Las propuestas de campaña para generar políticas públicas de alto impacto en materia ambiental son, por decirlo suavemente, escasas. Se dedica poco tiempo al tema y se aborda de forma superficial, a pesar de que debería ser un tema central ya que la protección de los ecosistemas, la biodiversidad, la conservación y gestión ecológica y la sustentabilidad tienen un efecto determinante en el desarrollo económico, social y cultural de la población.
No puede hablarse de justicia y progreso cuando se abusa de los bienes naturales, no hay desarrollo ni avance cuando está en entredicho la sostenibilidad alimentaria o se precariza el campo.
Este es el momento de tocar el tema con responsabilidad y de cara al futuro. Los planes de gobierno, en el caso de gobernadores y presidentes municipales; así como los proyectos de ley, en lo que respecta a senadores, diputados federales y locales, deben incluir una agenda enfocada en la sustentabilidad ambiental y asegurarse de contar con personas expertas en las diferentes áreas ya sea académicos, empresarios, colectivos y ambientalistas. Las propuestas deben ir acompañadas de compromisos auténticos, sin demagogia. Integrar y temas de economía circular y manejo integral de residuos, desarrollo urbano y movilidad, gestión del agua y suelo, conservación de la biodiversidad, acciones para disminuir el impacto del cambio climático y la generación permanente de mejores leyes ambientales.
Recibir con verdadero interés las propuestas de los grupos sociales resultará en una mayor aceptación y apoyo popular. La sociedad hoy tiene plena conciencia de la urgencia de contar con una legislación que marque el rumbo del cuidado del medio ambiente y de todos los seres vivos. Es un tema de gobernabilidad pero mayormente de gobernanza que pasará la factura a través de las futuras generaciones.
