En Querétaro hay cada vez más testimonios de mujeres que han intentado ser privadas de la libertad por sujetos a bordo de un vehículo, incluso en zonas cercanas al Centro Histórico, en una problemática que va en aumento sin que las autoridades tomen las medidas adecuadas para la prevención de estos delitos.
Laura Santos, directora de Investigación y Litigio en el Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos (CLEIDH), señaló que es importante evaluar y analizar las denuncias emitidas a través de las redes sociales acerca de las desapariciones en la entidad, pues afirma no todas hay que desestimarse, pues son un indicador.
"Frente a esto es importante no quedarnos con las cifras oficiales, sino que es necesario revisar aquellas denuncias que aparecen en redes sociales, muchas acompañadas de fotografías y videos. Esto habla de la poca confianza que tiene la ciudadanía con sus autoridades, porque normalmente suelen revictimizarlas".
Y es que durante 2021, en Querétaro se reportaron 706 personas desaparecidas o no localizadas ante las instituciones de seguridad, lo que la colocó en el quinto lugar nacional en este rubro, a decir del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
"Hay en las redes sociales casos de chicas que manifiestan intentos de secuestro, quienes lograron frenar los intentos de los sujetos agresores, y frente a eso hay una serie de obligaciones de autoridades que no se están cumpliendo. Tenemos protocolos para la desaparición forzada donde hay lineamientos como la de hacer un despliegue inmediato, y no esperar 48-72 horas".
Asimismo, agregó que se requiere de un despliegue interinstitucional con otras dependencias para facilitar la búsqueda de las personas, con un personal capacitado, que sea empático y que considere los antecedentes de violencia, así como los contextos y estructuras en las que opera esta actividad.
"Y en particular con las mujeres, donde nos toca hablar de cómo resolver esto, no solo desde lo inmediato, que es importante, sino que es importante atender, además de los casos de denuncias, empezar a desarrollar mecanismos para prevenir, y también la de mejorar, revisar y evaluar constantemente a las autoridades".
Señaló que hay una deficiencia y negligencia en el actuar de instituciones como la Fiscalía General del Estado, pues como abogadas defensoras de derechos humanos las autoridades suelen desestimar pruebas de violencia por parte de las víctimas o simplemente no hacen una recabación adecuada de pruebas.
