Pese a que ya se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre la Ley 3 de 3, el Congreso local de Querétaro aprobó la reforma constitucional a través de la cual se suspenden los derechos para ocupar un cargo público en caso de ser prófugo de la justicia, tener sentencia por violencia familiar, sexual o de género, así como por incumplir con pensión alimenticia.
La minuta fue aprobada con 23 votos a favor, por lo que fue enviada al Senado de la República para ser contabilizado el voto a favor del estado de Querétaro sobre esta propuesta.
De acuerdo con la reforma, que entró en vigor el pasado 30 de mayo, las personas no puedan ser registradas como candidatas a cualquier cargo de elección popular, ni obtener cargos en el servicio público en caso de estar prófugas de la justicia; de obtener una sentencia por haber ejercido delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; contra el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; o de ser declaradas como deudoras alimentarias.
Además, establece que, dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados deberán ajustar sus Constituciones y demás legislación que sea necesaria.
Al respecto, Graciela Juárez Montes, diputada presidenta de la LX Legislatura, mencionó que, pese a no ser de los primeros estados en aprobar dicha reforma, se buscará que la entidad sea de las primeras en armonizar la Constitución federal con la Constitución local.
Detalló que, a la par, la legisladora Mariela Morán comenzará en próximos días mesas de trabajo para crear la propuesta de la Ley de Deudores Alimentarios, la cual contempla la creación de un padrón que deberá tener carácter nacional.
En la sesión, también se aprobó la reforma Constitucional para disminuir el requisito de edad para acceder a una diputación federal de 21 a 18 años, así como para que quienes ocupen una secretaría de estado puedan tener 25 años, esto con el objetivo de garantizar la participación de la juventud en los espacios de toma de decisiones.
Asimismo, se aprobó una reforma a la Ley de Educación para contar con una cultura de paz y entornos escolares libres de violencia en el estado; al respecto, Ana Paola López Birlain, diputada autora de la iniciativa, comentó que la iniciativa es relevante debido a que en 2021 el 40.3% de las mujeres mayores de 15 años reportaron algún incidente de violencia, mientras que el 75.2% ha experimentado violencia a lo largo de su vida.
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“La escuela es el lugar en el que los niños, niñas y adolescentes forjan sus mentes y sus corazones, donde se preparan para enfrentar los desafíos que les esperan, por lo que garantizar que estos espacios estén libres de violencia, resulta impostergable en la agenda pública”, expresó.
En la sesión también se aprobó una reforma para aumentar la edad para ocupar una dirección municipal de la juventud, así como un exhorto al Congreso de la Unión para aprobar reformas a leyes con el objetivo de crear entornos escolares seguros en materia de movilidad, salvaguardando los derechos, la integridad física y la vida de los menores.
