Alrededor de mil 75 niñas y niños no son acreedores de pensión alimenticia en el estado de Querétaro, dio a conocer Mariela Morán Ocampo, diputada local de Acción Nacional (PAN), quien anunció el arranque de mesas de trabajo para trabajar en la iniciativa de ley de deudores alimentarios en la entidad.
En rueda de prensa, acompañada de legisladoras de Acción Nacional y Querétaro Independiente (QI), la diputada mencionó que el 90% de los deudores son hombres y solo el 10% mujeres.
Detalló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca del 75% de los hijos de madres y padres separados en México no reciben pensión alimentaria; añadió que en la entidad, para 2021 se reportaron alrededor de tres mil 84 divorcios.
“Esto no es una concesión para las mujeres, es un derecho de nuestras niñas, niños y adolescentes. Cuando no hay una pensión alimentaria se provoca trabajo infantil, deserción escolar, huellas de abandono que quedan en nuestros niños y que se traducen en muchos aspectos, falta de autoestima, depresión, muchas veces llevando a los niños en alcoholismo, drogadicción, toma de decisiones incorrectas”, enfatizó.
La primera mesa de trabajo se llevará a cabo la próxima semana en la legislatura con la participación de activistas, organizaciones de la sociedad civil, organismos autónomos e instituciones como la Fiscalía General del estado y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
“Esto, lo subrayo, va mucho más allá de una cuestión de género, se trata de anteponer un interés superior, de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes, y en ese sentido, el día de hoy damos inicio formal a mesas de trabajo de forma interinstitucional y multidisciplinaria”, subrayó.
La diputada presidenta de la Comisión de Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes indicó que la propuesta de iniciativa se está trabajando con colectivos como Adax Digitales y de madres autónomas encabezado por Diana Vázquez y su hija Sabina; además, refirió que han tenido diálogos con cámaras empresariales, como la Cámara de Comercio, para evitar simulaciones en las nóminas de los trabajadores.
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“Esto no se trata solamente de buscar un castigo, sino al contrario, es un proyecto de estado que busca la forma en que los deudores alimentarios dejen de serlo. No es criminalizarlos, al contrario, es buscar las condiciones para que ellos cumplan con sus obligaciones, ya sea a través de la sensibilización, acercar capacitaciones, a través de las empresas, de buscar alternativas para que dejen de estar en incumplimiento de sus responsabilidades”, indicó.
