/ martes 17 de octubre de 2023

Cumple gobierno de Querétaro acuerdo a Tzibanzá

Reconocen integrantes de la cooperativa la voluntad de la administración estatal para resolver conflictos

La cooperativa Tzibanzá recibirá las escrituras de las cuatro hectáreas del terreno en disputa, debido a que la querella que interpusieron no se judicializó y el actual gobierno estatal mostró voluntad política, según los representantes de la organización, luego de que en la administración pasada se les comenzara a cobrar una renta mensual de 225 mil pesos.

“Los acuerdos jurídicos a los que llegaron es que serán restituidas las tierras en su totalidad a partir de cuando se firmó ya el acuerdo de restitución, el día 30 de agosto del 2023, con el compromiso de que serán entregadas las escrituras el día 30 de noviembre”, refirió Rafael Arriaga, representante legal de la cooperativa.

Integrantes de la comunidad y su representación legal reconocieron que el actual gobierno estatal accedió a que la propiedad quedara a nombre de la comunidad, por lo que consideraron que ha mostrado voluntad política para que el conflicto se solucionara en favor de los habitantes.

De acuerdo con el representante legal de la cooperativa, Rafael Arriaga, el acuerdo reparatorio únicamente contempla las escrituras a nombre de la comunidad y no la devolución de las mensualidades que comenzaron a cobrarles desde la administración de Francisco Domínguez Servién y que ascendía a 225 mil pesos.

Rafael Arriaga, representante legal de la cooperativa señaló que el caso no llegó a judicializarse debido a la voluntad política del actual gobierno estatal. El abogado explicó que durante la administración de Domínguez Servién, se buscó que el anterior presidente de la cooperativa firmara la cesión de los derechos de posesión del terreno, puesto que las personas representantes del gobierno estatal se aprovecharon de su condición de vulnerabilidad, al no saber leer ni escribir.

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Los proyectos de desarrollo turístico en la zona ahora continuarán a cargo de la comunidad, integrada por alrededor de 700 personas, en su mayoría, indígenas. En meses anteriores los integrantes de la cooperativa se habían manifestado para solicitar el cese del cobro de la mensualidad, así como los derechos de usufructo del proyecto.

La cooperativa Tzibanzá recibirá las escrituras de las cuatro hectáreas del terreno en disputa, debido a que la querella que interpusieron no se judicializó y el actual gobierno estatal mostró voluntad política, según los representantes de la organización, luego de que en la administración pasada se les comenzara a cobrar una renta mensual de 225 mil pesos.

“Los acuerdos jurídicos a los que llegaron es que serán restituidas las tierras en su totalidad a partir de cuando se firmó ya el acuerdo de restitución, el día 30 de agosto del 2023, con el compromiso de que serán entregadas las escrituras el día 30 de noviembre”, refirió Rafael Arriaga, representante legal de la cooperativa.

Integrantes de la comunidad y su representación legal reconocieron que el actual gobierno estatal accedió a que la propiedad quedara a nombre de la comunidad, por lo que consideraron que ha mostrado voluntad política para que el conflicto se solucionara en favor de los habitantes.

De acuerdo con el representante legal de la cooperativa, Rafael Arriaga, el acuerdo reparatorio únicamente contempla las escrituras a nombre de la comunidad y no la devolución de las mensualidades que comenzaron a cobrarles desde la administración de Francisco Domínguez Servién y que ascendía a 225 mil pesos.

Rafael Arriaga, representante legal de la cooperativa señaló que el caso no llegó a judicializarse debido a la voluntad política del actual gobierno estatal. El abogado explicó que durante la administración de Domínguez Servién, se buscó que el anterior presidente de la cooperativa firmara la cesión de los derechos de posesión del terreno, puesto que las personas representantes del gobierno estatal se aprovecharon de su condición de vulnerabilidad, al no saber leer ni escribir.

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Los proyectos de desarrollo turístico en la zona ahora continuarán a cargo de la comunidad, integrada por alrededor de 700 personas, en su mayoría, indígenas. En meses anteriores los integrantes de la cooperativa se habían manifestado para solicitar el cese del cobro de la mensualidad, así como los derechos de usufructo del proyecto.

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