Legislaturas atrás se ha discutido o, al menos, puesto sobre la mesa la regulación de los centros de rehabilitación que hay en el estado de Querétaro sin que, hasta ahora, se tenga éxito respecto a este tema que se ha convertido en una problemática social.
En noviembre de 2021, el diputado local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Christian Orihuela Gómez presentó una iniciativa de reforma para regular los centros de rehabilitación del estado de Querétaro con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes son ingresados a dichos centros contra las adicciones.
La iniciativa la presentó debido a que señaló que solo el 10% de los anexos del estado cuentan con una regulación y tras la muerte de una joven de 23 años en un centro de rehabilitación de San Juan del Río.
“Ocurrió en Granjas Banthí que acaba de fallecer una señorita porque no se le dio la atención necesaria, porque no había personal capacitado y esta persona ingresó y a los dos, tres días falleció. Queremos evitar eso en cada uno de los municipios y por eso vamos a tratar de que sigan los anexos con una especificación necesarias”, comentó en su momento el legislador.
Sin embargo, a 10 meses de haber presentado la iniciativa ésta no ha sido discutida en la comisión de salud, presidida por la diputada local Dulce Ventura Rendón. De acuerdo con la legisladora, lo anterior se debe a que, tras diálogo con autoridades estatales como el CECA, son los municipios los encargados de su regulación.
De acuerdo con la diputada, parte de los trabajos de la comisión se han enfocado en revisar si es necesaria la regulación por parte de los municipios o si se requiere facultar a la Secretaría de Salud.
“Hemos tenido acercamiento con autoridades competentes, en este caso con el CECA, con la Secretaría de Salud, para que nos informen cómo está el tema de la regulación de los anexos y nos han informado que en cuanto a la regulación de los anexos es un tema meramente del municipio”, señaló la diputada panista.
Estos esfuerzos, si bien no se concretaron en iniciativas, los exdiputados Roberto Cabrera Valencia, Ricardo Caballero González y María Alemán Muñoz Castillo entablaron reuniones y mesas de trabajo, así como visitas a centros de rehabilitación para conocer sus necesidades, hablar sobre las adicciones y atender a su regulación; sin embargo, el tiempo ha pasado y no ha habido solución.
Muestra de ello es el caso de Zenón Bautista, quien en días pasadas acudió a la LX Legislatura, en compañía del legislador de Morena, Christian Orihuela, para exigir justicia por la muerte de su hijo, quien, dijo, sufrió golpes y quemaduras desde su ingreso a un centro de rehabilitación ubicado en El Carmen, municipio de El Marqués.
En julio de este año, por ejemplo, el gobierno municipal de San Juan del Río anunció la puesta en marcha del programa “Cruzada por la vida y los jóvenes” para verificar la operatividad de anexos y centros de rehabilitación de dicha demarcación, además de crear mecanismos para el combate de las adicciones.
En tanto, el municipio de Querétaro, a través de Tania Palacios Kuri, secretaria de desarrollo sostenible, anunció que, en coordinación con el Consejo estatal contra las adicciones (CECA), se trabajaría en la regularización de estos espacios debido a que se identificó que algunos de ellos no cuentan, siquiera, con uso de suelo para operar como tal.
Cabe mencionar que, de acuerdo con la página del CECA, en el estado de Querétaro se tienen identificados 126 centros de rehabilitación, de los cuales, 59 se encuentran ubicados en la capital del estado.
La problemática de los centros de rehabilitación no es exclusiva de Querétaro; en días pasados, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el 95% de los anexos ubicados en el estado son privados, y de estos el 90% opera de forma clandestina, esto luego de que en uno de estos negocios fallecieran cuatro personas y 11 más resultaran heridas.
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Mientras tanto, en Jalisco también fue ingresada una iniciativa para regular los anexos, eliminar lagunas y acentuar responsabilidades de los gobiernos, esto tras el asesinato de seis personas en un anexo en Tlaquepaque, lo que derivó en que el Consejo Estatal Contra las Adicciones de Jalisco reconociera que, de los 390 centros de rehabilitación identificados, solo 15 cuentan con certificaciones.
