/ miércoles 10 de abril de 2024

Preocupa a las organizaciones la aprobación de la Ley de Aguas

Señalaron que dicha iniciativa fue dictaminada sin llevar a cabo el necesario proceso de deliberación y consulta a la ciudadanía


Las organizaciones sociales defensoras del agua en Querétaro aguardaban la resolución del Poder Judicial de la Federación sobre el amparo presentado contra la Ley de Concesiones relacionada con el tema del agua. Sin embargo, se encontraron con que los diputados adelantaron su decisión al aprobar una reforma a la Ley de Aguas.

Organizaciones como Bajo Tierra Museo del Agua, Redes del Agua y Cántaro Azul expresaron su preocupación ante la reciente aprobación de la reforma a la Ley de Aguas, realizada por la legislatura local sin llevar a cabo un proceso de deliberación y consulta ciudadana. Este movimiento ha generado controversia, pues coincide con la espera del fallo del amparo interpuesto contra la "Ley de Concesiones" por parte del Poder Judicial de la Federación.

Recordaron que el pasado 21 de mayo de 2022 se aprobó la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, desencadenando diversas solicitudes ciudadanas de Parlamento Abierto y Veto para los Poderes Legislativo y Ejecutivo, respectivamente.

La aprobación de esta ley y su contenido han sido motivo de controversia debido a su potencial vulneración de los derechos humanos al agua y al saneamiento, así como a la falta de participación ciudadana en su elaboración.

Ante este escenario, varias organizaciones y ciudadanos interpusieron juicios de amparo individuales y colectivos. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió reasumir competencia en el caso en julio de 2023 debido a la relevancia del tema. Se espera que este miércoles 10 de abril, emita su fallo, el cual podría conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, reconociendo las violaciones a los derechos humanos ocasionadas por la ley.

Sin embargo, fue este 4 de abril cuando la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del Congreso dictaminó una iniciativa de reforma a la Ley de Concesiones, en la que, entre otras cosas, se busca garantizar el derecho al agua en un mínimo de 50 litros diarios por persona en caso de limitación del servicio o alguna contingencia ambiental.

"La iniciativa de reforma presenta varias contradicciones, que prueban que lejos de la intención de alinearse al cumplimiento, respeto y garantía plena de los derechos humanos previstos, en una “chicana” lo que se busca es dejar sin materia el juicio de amparo, con una maniobra de interpretación limitada de lo mandatado por la sentencia y denigrando despóticamente una vez más a la ciudadanía y de paso al órgano cúpula del Poder Judicial de la Federación", señalaron en un comunicado.

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Las organizaciones defensoras del agua señalaron que dicha iniciativa fue dictaminada sin llevar a cabo el necesario proceso de deliberación y consulta a la ciudadanía, por lo que esta falta de procedimiento deja margen para la ambigüedad en las disposiciones, lo que puede generar niveles de discrecionalidad e incertidumbre algo que ya se había argumentado en la demanda de amparo.


Las organizaciones sociales defensoras del agua en Querétaro aguardaban la resolución del Poder Judicial de la Federación sobre el amparo presentado contra la Ley de Concesiones relacionada con el tema del agua. Sin embargo, se encontraron con que los diputados adelantaron su decisión al aprobar una reforma a la Ley de Aguas.

Organizaciones como Bajo Tierra Museo del Agua, Redes del Agua y Cántaro Azul expresaron su preocupación ante la reciente aprobación de la reforma a la Ley de Aguas, realizada por la legislatura local sin llevar a cabo un proceso de deliberación y consulta ciudadana. Este movimiento ha generado controversia, pues coincide con la espera del fallo del amparo interpuesto contra la "Ley de Concesiones" por parte del Poder Judicial de la Federación.

Recordaron que el pasado 21 de mayo de 2022 se aprobó la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, desencadenando diversas solicitudes ciudadanas de Parlamento Abierto y Veto para los Poderes Legislativo y Ejecutivo, respectivamente.

La aprobación de esta ley y su contenido han sido motivo de controversia debido a su potencial vulneración de los derechos humanos al agua y al saneamiento, así como a la falta de participación ciudadana en su elaboración.

Ante este escenario, varias organizaciones y ciudadanos interpusieron juicios de amparo individuales y colectivos. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió reasumir competencia en el caso en julio de 2023 debido a la relevancia del tema. Se espera que este miércoles 10 de abril, emita su fallo, el cual podría conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, reconociendo las violaciones a los derechos humanos ocasionadas por la ley.

Sin embargo, fue este 4 de abril cuando la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del Congreso dictaminó una iniciativa de reforma a la Ley de Concesiones, en la que, entre otras cosas, se busca garantizar el derecho al agua en un mínimo de 50 litros diarios por persona en caso de limitación del servicio o alguna contingencia ambiental.

"La iniciativa de reforma presenta varias contradicciones, que prueban que lejos de la intención de alinearse al cumplimiento, respeto y garantía plena de los derechos humanos previstos, en una “chicana” lo que se busca es dejar sin materia el juicio de amparo, con una maniobra de interpretación limitada de lo mandatado por la sentencia y denigrando despóticamente una vez más a la ciudadanía y de paso al órgano cúpula del Poder Judicial de la Federación", señalaron en un comunicado.

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Las organizaciones defensoras del agua señalaron que dicha iniciativa fue dictaminada sin llevar a cabo el necesario proceso de deliberación y consulta a la ciudadanía, por lo que esta falta de procedimiento deja margen para la ambigüedad en las disposiciones, lo que puede generar niveles de discrecionalidad e incertidumbre algo que ya se había argumentado en la demanda de amparo.

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