En caso de no quedar concluida la obra en Paseo 5 de Febrero en marzo, la Contraloría del Gobierno del Estado de Querétaro aplicará una sanción definitiva a la empresa ICA, informó el titular de esa dependencia, Óscar García González.
“Efectivamente, como lo dice el secretario de Obras Públicas, hay un término perentorio (definitivo), y si no se cumpliera de manera definitiva entrarían ya entonces las acciones contractuales".
“Por otra parte, nosotros como contraloría tenemos ya auditorías en proceso desde el inicio de la obra, cuando se construyó el primer cárcamo y ahora lo que es el desarrollo integral 5 de Febrero”, expresó el funcionario.
Precisó que todo se basa en el tema contractual, el cual celebró la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con la empresa ICA, donde se establece una vigencia inicial del contrato. Precisó que la ley prevé posibilidades de ampliar esos plazos conforme a los términos que marca la misma ley.
“Lo que nosotros hacemos como auditoría es precisamente estar revisando paralelamente la ejecución de la obra que los materiales sean los correctos que sea la cantidad adecuada”, explicó Óscar García González.
De acuerdo con lo indicado, la fecha de vencimiento para concluir los trabajos fue el 26 de agosto pasado, lo que establece que para marzo serán 7 meses de retraso.
Hizo referencia a que el Comité de Contraloría Social también está presente en todo momento durante el desarrollo de la obra, además de las acciones que realiza la Contraloría del estado en materia preventiva.
“Esto quiere decir que contractualmente la Secretaría de Obras Públicas está ejecutando la obra conforme al contrato celebrado con ICA. Y en caso de que esta empresa no cumpla con el plazo definitivo que se fijó ahí sí tendrán que aplicarse las sanciones y penas convencionales”, expuso el contralor del Gobierno del estado.
Reiteró que la fecha que se considera es la que mencionó el secretario de Obras Públicas, Fernando González Salinas, que aunque no la dijo precisa, sí se refirió que se trata del primer trimestre del año: es decir, hasta marzo próximo.
“A nosotros como Contraloría nos llegan los documentos ya suscritos, ya firmados. Estamos esperando que nos detallen de forma oficial cuál será la fecha final del término y si ésta coincide con las ampliaciones legales que marca la Ley de Obra Pública, la Ley de Adquisiciones y las normas aplicables. Conforme a eso estableceremos si definitivamente estamos en tiempo para aplicar las sanciones correspondientes”, agregó.
Con relación a las sanciones, comentó que será la contractual; es decir, de acuerdo con lo que se haya establecido en el propio contrato. “Como son muchos los contratos con Gobierno del estado no sé cuál es la sanción que se haya previsto contractualmente con pena convencional”.
Puntualizó que como área responsable de Contraloría realizan el procedimiento de responsabilidad para la aplicación de la sanción a la empresa, la cual, afirmó, depende del daño o la afectación.
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Sobre lo anterior, aseguró que la sanción puede ir desde lo económico o hasta en materia disciplinaria. “Decirlo ahora puede ser aventurado, porque no tengo una observación real que sea de carácter definitivo”.
Finalmente, Óscar García González, mencionó que hasta establecer que las observaciones no fueron solventadas, entonces en ese momento se efectúa el procedimiento para prever qué es lo que sigue en consecuencia.
“La empresa ICA está certificada en cuestiones de soborno, entonces también ellos tienen un protocolo que cumplir desde la certificación. Ni siquiera estamos en el tema de que haya un daño o desvío de recursos u otra cosa en perjuicio de la obra”, aclaró el contralor del Gobierno del estado.
