/ viernes 5 de abril de 2024

Procuraduría Social atiende asuntos viales

El secretario General de Gobierno hizo hincapié en que las sanciones impuestas por la Procuraduría Social son las mismas que imponen los jueces cívicos.

El secretario General de Gobierno del municipio de Querétaro, Martín Arango García, dio a conocer los resultados de la recién establecida Procuraduría Social en su primer mes de actividad en marzo. Durante este período inicial, la dependencia registró un total de 317 casos, siendo los incidentes de tránsito la mayoría, representando poco más del 50% del total.

De estos casos, 164 estuvieron relacionados directamente con asuntos de tránsito, mientras que 26 fueron procedimientos de queja y 127 fueron solicitudes de conciliación. Además, se llevaron a cabo 51 convenios entre las partes involucradas, lo que resultó en una suma significativa de 1 millón 508 mil 205 pesos por concepto de reparación de daños.

El titular de la Secretaría General de Gobierno, destacó la importancia de esta nueva dirección de justicia cívica, la cual amplía sus capacidades y cobertura en temas de justicia cívica para garantizar que los ciudadanos hagan valer su derecho humano de acceso a la justicia.

"¿Qué es la procuraduría social? Se crea esta nueva dirección de justicia cívica, que cuenta con el departamento de Procuraduría Social, teniendo por objetivo la creación de este departamento, el cual amplía sus capacidades y la cobertura en temas de justicia cívica para garantizar que los ciuadanos hagan valer su derecho humano de acceso a la justicia".

Arango García explicó que la Procuraduría Social tiene la facultad de desahogar el procedimiento de faltas administrativas no flagrantes, así como de conocer conflictos que afectan la convivencia armónica en la comunidad.

Entre las faltas más recurrentes que han sido denunciadas se encuentran los daños en bienes muebles o inmuebles, la vejar e intimidar a personas, los ruidos que atentan contra la tranquilidad de vecinos, y la falta de recolección de heces de animales.

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El secretario General de Gobierno hizo hincapié en que las sanciones impuestas por la Procuraduría Social son las mismas que imponen los jueces cívicos y están contempladas en el artículo 21 de la Constitución, incluyendo arresto administrativo por 36 horas, multas de 10 a 500 UMAS y trabajo comunitario hasta por 36 horas.

"La gente que más nos denuncia es por el tema de causar daños en bienes muebles o inmuebles particulares o públicos; aquellos derivados de un hecho de tránsito, donde no resulten lesionados, porque si resultan implica la comisión del delito de lesiones y tiene que ir a Fiscalía. Estos son los clásicos laminazos, en los que se causan daños a uno o más vehículos, y son los de mayor incidencia".

El secretario General de Gobierno del municipio de Querétaro, Martín Arango García, dio a conocer los resultados de la recién establecida Procuraduría Social en su primer mes de actividad en marzo. Durante este período inicial, la dependencia registró un total de 317 casos, siendo los incidentes de tránsito la mayoría, representando poco más del 50% del total.

De estos casos, 164 estuvieron relacionados directamente con asuntos de tránsito, mientras que 26 fueron procedimientos de queja y 127 fueron solicitudes de conciliación. Además, se llevaron a cabo 51 convenios entre las partes involucradas, lo que resultó en una suma significativa de 1 millón 508 mil 205 pesos por concepto de reparación de daños.

El titular de la Secretaría General de Gobierno, destacó la importancia de esta nueva dirección de justicia cívica, la cual amplía sus capacidades y cobertura en temas de justicia cívica para garantizar que los ciudadanos hagan valer su derecho humano de acceso a la justicia.

"¿Qué es la procuraduría social? Se crea esta nueva dirección de justicia cívica, que cuenta con el departamento de Procuraduría Social, teniendo por objetivo la creación de este departamento, el cual amplía sus capacidades y la cobertura en temas de justicia cívica para garantizar que los ciuadanos hagan valer su derecho humano de acceso a la justicia".

Arango García explicó que la Procuraduría Social tiene la facultad de desahogar el procedimiento de faltas administrativas no flagrantes, así como de conocer conflictos que afectan la convivencia armónica en la comunidad.

Entre las faltas más recurrentes que han sido denunciadas se encuentran los daños en bienes muebles o inmuebles, la vejar e intimidar a personas, los ruidos que atentan contra la tranquilidad de vecinos, y la falta de recolección de heces de animales.

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El secretario General de Gobierno hizo hincapié en que las sanciones impuestas por la Procuraduría Social son las mismas que imponen los jueces cívicos y están contempladas en el artículo 21 de la Constitución, incluyendo arresto administrativo por 36 horas, multas de 10 a 500 UMAS y trabajo comunitario hasta por 36 horas.

"La gente que más nos denuncia es por el tema de causar daños en bienes muebles o inmuebles particulares o públicos; aquellos derivados de un hecho de tránsito, donde no resulten lesionados, porque si resultan implica la comisión del delito de lesiones y tiene que ir a Fiscalía. Estos son los clásicos laminazos, en los que se causan daños a uno o más vehículos, y son los de mayor incidencia".

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