Por tercera ocasión, el pleno del Congreso del Estado aprobó las reformas al Código Penal del Estado por la contingencia sanitaria del Covid-19 y que ahora, especificarán que solo se establecerán sanciones, a quien impida la ejecución de una obra, cuando esta se realice “por medio de violencia física”.
Durante la sesión, el diputado local por Morena, Fernando Islas Blas, acusó que con estas reformas se busca evadir una acción de inconstitucionalidad; esto al hacer referencia a las impugnaciones que presentó tanto la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado (DDHQ) como la bancada de Morena.
“Hoy, ustedes, buscan a través de la simulación eludir una acción de inconstitucionalidad en contra de su Ley Garrote (…) buscan imponer una ley que vulnera nuestros derechos humanos”, advirtió.
En tanto, el priista Hugo Cabrera Ruiz manifestó que estas reformas son “un parche” a lo aprobado desde inicios de la contingencia sanitaria y, estas nuevas modificaciones, se aprueban antes de recibir “un golpe político” que señale al gobierno del estado como autoritario, represor o que no favorece las causas sociales.
“Esta reforma es un parche a la Ley Garrote. Es una acción reactiva a una acción de inconstitucionalidad que se gestó por un grupo legislativo”, apuntó.
Las nuevas modificaciones al Código Penal reformarán los artículos 127 BIS-1,143, 170, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 299, 300, 303 y 304; y entre estas, resalta la imposición de uno a dos años de prisión, multa de hasta 200 veces el valor diario de la UMA o trabajos en favor de la comunidad, a quien, por medio de violencia física, impida la ejecución de una obra o trabajos públicos.
