El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) planteó la posibilidad de presentar un amparo contra la Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación recientemente aprobada en la Cámara de Diputados.
Durante la sesión ordinaria en el campus Concá, investigadores manifestaron su inconformidad y plantearon la posibilidad de presentar el amparo institucional. Sin embargo, la rectora Teresa García Gasca refirió que en este momento no procedería interponerlo, puesto que primero la Ley tendría que estar promulgada.
“Aunque algunas investigadoras e investigadores a nivel nacional han ya sometido amparos desde esta semana, se los van a sobreseer, porque en realidad no hay acto reclamado todavía”.
De acuerdo con García Gasca, la Ley es un retroceso en muchos sentidos, a pesar de que es necesaria una nueva Ley, los dos grandes problemas que observa en el proyecto aprobado, es el centralismo que no toma en cuenta a las instituciones en la toma de decisiones; el segundo gran problema, es la falta de garantía de suficiencia presupuestal.
La investigadora Flavia Loarca Piña, secretaria de Investigación y Posgrado de la UAQ, manifestó que la propuesta hecha desde diciembre de 2022 por el presidente de la República no considera las necesidades del ámbito académico y científico del país.
Consideró que la respuesta al exhorto por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), no fue de apertura al diálogo, pues tampoco asistió ningún funcionario de la dependencia a los foros que se llevaron a cabo para tratar el tema.
Aunque durante los foros de discusión, los legisladores del país se comprometieron a llevar a cabo siete ejercicios de parlamentos abiertos, solamente se realizaron dos, antes de que se apresurara la aprobación del proyecto con pocas modificaciones de fondo.
Uno de los planteamientos que han propuesto desde la academia es defender y garantizar el derecho a la libertad de investigación, para garantizar el derecho humano a favorecerse de la ciencia que se genere en el país.
Loarca Piña señaló que no queda clara la garantía de la independencia y niega que se les haya tomado en cuenta en la elaboración del proyecto. Respecto al financiamiento, no se establece que implica la suficiencia presupuestaria y desaparece el destino del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), al que nunca se ha llegado en realidad.
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Desde el 11 de enero de este 2023, instituciones de educación superior y centros de investigación de todo el país exhortaron a los diputados a tomar en cuenta las necesidades reales del ámbito científico y llamaron a ejercicios de parlamento abierto.
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