El 95% de los casos en materia penal registrados por el Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos (CLEIDH) son por violencia de género, un tipo de discriminación contra las mujeres que en Querétaro ha ido a la alza, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2022).
A decir de la directora de litigio en CLEIDH, Laura Santos, la última encuesta en este ramo emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refiere a una discriminación de mujeres, por el simple hecho de serlo, lo que corresponde con los casos de atención que han brindado.
"La violencia de género es otra forma de discriminación, y en el acompañamiento de casos lo que más nos llega, como solicitud de acompañamiento, eran mujeres buscando asesoría jurídica por violencia de género, y nos dimos cuenta que el acceso a la justicia estaba siendo negado".
Refirió que el que Querétaro haya quedado en tercer lugar nacional en discriminación no es extraño, pues ya hay varios indicadores de ello, incluso del mismo INEGI en relación a los niveles de violencia, entre otros aspectos retomados por asociaciones civiles como CLEIDH.
Y es que, mencionó que dentro de los casos de acompañamiento han encontrado diversidad de trabas y problemas jurídicos en el acceso a la justicia de personas, por ejemplo, con VIH, donde llevaron casos de matrimonios de parejas positivas.
Sin embargo, sí precisó que en los casos de mujeres sí han sido las más graves, donde señaló que no existen los mecanismos idóneos para prevenir, atender y derivado de ello resarcir o reparar el daño integral a las víctimas directas e indirectas.
"El tema de la orfandad de feminicidios no vemos respuesta o en los delitos de violencia sexual y el acompañamiento en materia psicológico, como ejemplos. Además de otros temas como el que se realiza contra comunidades y personas indígenas, donde llevamos procesos que no han sido resueltos".
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Indicó que no hay perspectiva de género ni de derechos humanos en las instituciones estatales ni municipales, lo que agrava la discriminación, pues las propias instancias públicas discriminan, sin estar capacitadas para la resolución de casos de esta índole.
