PRIMER ACTO. LA MONEDA DE LA HISTORIA. La vertiginosa transformación que ha sufrido el sistema político mexicano en los últimos veinte años exige nuevas figuras e instituciones jurídicas que le brinden continuidad y desarrollo. En tan solo dos décadas vimos al PRI perder la presidencia de la República luego de 72 años de ser partido hegemónico, llegar al PAN a lo que fueron Los Pinos para después de dos sexenios perder la elección federal con el mismísimo PRI, quien tan solo seis años después la entregó a Andrés Manuel López Obrador y su MORENA. Así vamos entendiendo que los acontecimientos políticos, por más drásticos que parezcan, se pierden en la historia con el paso del tiempo. Lo cierto es que más allá de partidos, mesías y coyunturas, la aniquilación de un régimen requiere la inmediata construcción de uno nuevo sobre los cimientos útiles del primero. Porque si no se concluye el ciclo, la perversa anarquía ocupa rápidamente los espacios vacíos convirtiendo la esperanza en frustración. Como les ocurrió a Fox, Calderón y Peña Nieto en los ya lejanos 2000, 2006 y 2012, actualmente la moneda de la historia está en el aire para López Obrador. Sin lugar a dudas su legítimo triunfo en la batalla democrática del 2018 es un acontecimiento político sumamente significativo. No solo por el 53% de votos que obtuvo, sino por tratarse de una tercera alternancia en la historia del México contemporáneo, la que por vez primera se orienta hacia la izquierda del cuadrante político.
SEGUNDO ACTO. ANTÍDOTO CONTRA GOBIERNOS INOPERANTES. Sin embargo, y a tan solo 4 meses del suceso, la opinión pública y la población en general comienzan si bien no a minimizar, en cierta forma a valorar el hecho en su justa dimensión. Y es que la revolución democrática que encabezó el tabasqueño no ha logrado ni remotamente transformarse en una de alto impacto jurídico y, consecuentemente, social. Pero más allá de la trascendencia histórica de la persona de Andrés Manuel, tan popular como frágil, lo preocupante es la ausencia de una visión integral - transversal dirían algunos - de hacia dónde debe ir el país. Como se advirtió, la anarquía ronda nuestro país y solamente se le puede contener a través de la fuerza y permanencia de sólidas normas legales. Por todo esto, creemos que la incorporación a nuestro orden normativo de la revocación del mandato, puede representar un antídoto contra gobiernos inoperantes e ineficientes. Como lo pudiera ser éste o bien otro en el futuro. Una de las aspiraciones de la democracia representativa es contar con un adecuado sistema de participación ciudadana que no se limite a elegir a sus representantes, sino que concurra a la supervisión y evaluación del adecuado desempeño del poder público. Y la revocación del mandato es la fórmula por medio de la cual la ciudadanía se encuentra en posibilidad de destituir a aquellos servidores públicos que no han cumplido de manera responsable con su encomienda constitucional. Como bien dice Alvin Toffler, la democracia contemporánea es un cheque al portador pagado previamente mediante el voto ciudadano. El problema es que las facturas de un mal gobierno trascienden el periodo de su mandato. Para el establecimiento en serio de la figura de la revocación del mandato a nivel federal se requiere de una reforma constitucional clara y precisa, para evitar que intereses coyunturales o rebuscadas interpretaciones legales puedan afectar la estabilidad y gobernabilidad en el país, desnaturalizando el propósito de ésta institución.
TERCER ACTO. LA REVOCACIÓN DEL MANDATO. La minuta aprobada en la Cámara de Diputados que se recibió hace un par de días y fue turnada para dictamen en la Cámara de Senadores, como cámara revisora, dictaminó conjuntamente las cuatro iniciativas que sobre el particular se presentaron en la cámara baja, y propone según informa el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación: “establecer la revocación del mandato del Presidente de la República, los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entre lo propuesto, destaca: 1) indicar que éste será un proceso democrático por el que los ciudadanos expresarán su opinión sobre la permanencia o no del mandatario en el cargo durante el tercer año de su ejercicio; 2) señalar que durante un periodo de gobierno solo podrá proceder una consulta sobre revocación; 3) determinar que para que el resultado de la consulta sea vinculante se requerirá: i) la participación del al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del país o la entidad, según corresponda; y, ii) que el número total de votos a favor de la revocación del mandato sea igual o superior a la cantidad de votos obtenidos por dicho servidor público, en el proceso electoral en el que resultó electo; y, 4) precisar que en caso de que resulte vinculante el Ejecutivo federal deberá de separarse de su cargo el 30 de septiembre del año de la consulta, mientras que el gobernador o el jefe de gobierno lo hará el día que concluya su tercer año de gobierno. Para tal fin modifica los artículos 36, 41, 81, 83, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
TRAS BAMBALINAS. A RÍO REVUELTO. La cuestión de la revocación del mandato fue una oferta de campaña de López Obrador. Y desde que inició esta legislatura se sabía que más temprano que tarde se trataría este asunto como prioridad presidencial. Tan es así que a la fecha suman nueve las iniciativas presentadas que versan sobre la revocación del mandato. Son cinco las que se presentaron en el Senado y 4 en San Lázaro. Los promoventes son los senadores Merary Villegas (Morena), Lucía Virginia Meza (Morena), Dante Delgado (MC), Juan Zepeda (PRD) y Salomón Jara (Morena); y, los diputados Dolores Padierna (Morena), María Alemán (PRI) y Juan Carlos Villareal (MC), así como el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados.
Notario Público 19 de Querétaro.
