El Congreso de Querétaro presentará un informe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para argumentar los motivos por los cuales se aprobaron reformas al Código Penal local referentes al desacato de medidas sanitarias en el marco de la pandemia por Covid-19.
Lo anterior, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, al señalar que hubo un uso excesivo de medidas punitivas para combatir ciertas conductas, que no son de tal gravedad, para ser sancionadas por el derecho penal.
Jorge Herrera Martínez, presidente de la LIX Legislatura local, señaló que las medidas aprobadas fueron por el bien común de la ciudadanía y afirmó que la Suprema Corte será la que determine si las reformas son o no constitucionales.
“Te quiero decir, obvio no, y te acabo de decir que las voté a favor porque estoy de acuerdo, entonces sería incongruente que me digas si creo que fue un fracaso, no, no fue un fracaso, lo votamos así en conciencia de que estábamos haciendo las cosas bien, para el bien común, pero la última palabra la tiene la suprema corte de si son o no constitucionales”, precisó.
Herrera Martínez puntualizó que las reformas realizadas no fueron un fracaso puesto que se hicieron por un bien general y recordó que la mayoría de los integrantes del Congreso local se pronunciaron a favor de las mismas.
“Sin duda estoy de acuerdo, así lo voté, voté a favor, la mayoría votamos a favor y quiere decir que estamos de acuerdo con la exposición de motivos, con la justificación y las reformas al Código Penal, pero la última palabra la tiene la Suprema Corte, es parte de los pesos y contra pesos, del equilibrio que debe haber”, dijo.
En la acción de inconstitucionalidad, la CNDH consideró que a nivel nacional y estatal ya existen medidas menos restrictivas que debieron considerarse por parte de los legisladores locales, previo a aprobar reformas al Código Penal para sancionar la falta de cumplimiento o desobediencia de un mandato de autoridades sanitarias o de protección civil.
Por lo anterior, la CNDH solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar la invalidez de este tipo de políticas que criminalizan a la sociedad en el periodo de la pandemia.
