La confianza hacia el ciudadano en la ley
Las contribuciones en México, desde siempre han tenido la característica de ser autodeterminables, lo que implica que corresponde al contribuyente determinar las contribuciones a su cargo, en ello se identifica la confianza hacia el contribuyente en el sentido de considerar que estas han sido calculadas y enteradas de manera correcta hasta en tanto no haya el ejercicio de facultades de las autoridades para verificar ese cumplimiento, donde se pueden encontrar diferencias a cargo del contribuyente.
El 13 de noviembre se ha presentado en la Cámara de Senadores una iniciativa de ley denominada Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, partiendo de el reconocimiento de la composición del padrón de unidades económicas en México, identificando que de esas el 99.8 % forman parte de las pequeñas y medianas empresas, que de esas el 97.9 % son microempresas que concentran el 75.4% del personal ocupado, a ellas ele siguen las empresas pequeñas que representan el 2% y tienen el 13.5% del personal ocupado, las medianas representan el 0.4% y tienen el 11% del personal ocupado, en todo tiempo esos empresarios han considerado que existe una sobrerregulación además de una excesiva vigilancia.
Aunado a lo anterior existe un reconocimiento especial de la corrupción en nuestro país como un inhibidor de la inversión en México y un freno al desarrollo, así es que nos ubicamos en el lugar 127 de 137 países evaluados, respecto de desvío de fondos públicos, confianza del público hacia los políticos y favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios públicos, sin duda la corrupción trae como consecuencia cada vez mayor desconfianza hacia las instituciones públicas.
Con la ley que se propone se busca fomentar la cultura de la legalidad como eje rector del desarrollo económico, generar un entorno de confianza basado en el cumplimiento voluntario de obligaciones regulatorias y fiscales partiendo del principio de generar confianza del ciudadano en el gobierno y viceversa, con el objetivo de reducir la corrupción, con ello sin duda es un buen esfuerzo, pero debemos de tener en cuenta una la voluntad de todas las partes de una verdadera participación con compromiso, en el entendido de que si queremos un mejor país, cada uno debe afrontar su responsabilidad individual en el marco de un escenario real de solidaridad para con todos los conciudadanos, el cumplir con las leyes en todos los sentidos beneficia en un mejor nivel de vida, sin duda.
Ahora, con esa ley se encarga a cada secretaría la implementación de beneficios y facilidades administrativas. Para poder acceder a esos beneficios los ciudadanos lo único que deben hacer es inscribirse voluntariamente en el Padrón Único de Fomento a la Confianza, que será considerado de buena fe por el cual dará a entender al Estado que ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales y regulatorias, a cambio podrá recibir todos los beneficios y facilidades que establezcan los programas sectoriales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con ello se pretende reducir las inspecciones a veces excesivas o innecesarias, presumiendo de buena fe que se esta al corriente y que se opera en el marco de la ley.
La iniciativa precisa que el Padrón Único de Confianza será un sistema de la administración pública federal que tendrá como propósito la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, administración y transmisión de información concerniente a los contribuyentes, que podrán ser beneficiarios de los programas que se instrumenten en este marco. Al inscribirse en el Padrón, los contribuyentes deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, que se comprometen a continuar con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad que los regula, así como con sus obligaciones fiscales, a efecto de ser objeto de los beneficios que otorgue la ley.
Puede esperarse una diminución a la corrupción, pero insisto hace falta tomar conciencia de que en la corrupción hay dos partes y que el entrar en ese juego afecta a todos, debe reforzarse de manera importante la cultura de la integridad en el sector público como en los ciudadanos, definir valores comunes para que sean adoptados por los servidores públicos, elaborar normas concretas de conducta y responsabilidad compartida.
La aplicación de esta ley estará cargo de la Secretaría de Economía, que presidirá el órgano que para estos efectos ha de crearse, que a su vez decidirá los beneficios y facilidades administrativas a las que se puede tener acceso después de haberse inscrito en el padrón, así de ese padrón se elegirá al uno por ciento para revisar y en el caso de que se encuentre verdaderamente al corriente no será revisado pero en caso contrario será revisado cada seis meses al disminuir el nivel de confianza.
Sin duda es un buen esfuerzo en pro del combate a la corrupción y para alentar la confianza del Estado para con los ciudadanos y a la vez la confianza a los servidores públicos, pero en ello falta la instrumentación por cada una de las Secretarías para conocer los alcances.
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