En las últimas semanas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha estado en el centro de un debate que amenaza con alterar significativamente el paisaje institucional de México. La propuesta de eliminar este organismo y dar paso a la creación de la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo ha generado controversia y preocupación entre aquellos que valoran la importancia de contar con un ente autónomo encargado de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Detrás de esta iniciativa, se esconde una peligrosa ambición que pone en riesgo uno de los contrapesos más esenciales del sistema: la defensa de los derechos humanos.
La propuesta, respaldada por la actual titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y presentada como una iniciativa para mejorar la eficiencia y autonomía de la institución, plantea interrogantes incómodos sobre la verdadera naturaleza de esta transformación. Más allá de los argumentos esgrimidos, es difícil pasar por alto el contexto político en el que esta propuesta emerge. En el horizonte, se vislumbra una clara intención de concentrar más poder en manos del gobierno, dejando a un lado la esencia misma de un organismo autónomo que debería actuar como defensor del ciudadano frente al Estado.
El presidente López Obrador ha expresado en varias ocasiones su deseo de eliminar organismos autónomos, argumentando que muchos de ellos fueron creados para proteger intereses particulares en detrimento del interés público. Sin embargo, la inclusión de la CNDH, a petición de parte, en este paquete de iniciativas, aun cuando AMLO había señalado no tenerla en el radar, no solo plantea dudas sobre la verdadera motivación detrás de esta propuesta, sino que también revela una falta de comprensión sobre el papel crucial que desempeña la Comisión como guardiana de los derechos humanos.
La CNDH ha sido, a lo largo de los años, un bastión histórico en la lucha por los derechos fundamentales. Su creación en 1990 marcó un hito en la protección de los ciudadanos contra posibles abusos del poder. La propuesta de disolverla y sustituirla por una nueva entidad parece despojar a la sociedad mexicana de un valioso contrapeso y de un referente histórico en la defensa de los derechos humanos.
Es innegable que la CNDH enfrenta desafíos significativos en términos de mala administración y omisiones bajo la dirección de Piedra Ibarra. Sin embargo, utilizar estos problemas como justificación para borrar un antecedente histórico de lucha, contrapeso y cuidado de los derechos humanos resulta irresponsable y peligroso. En lugar de buscar soluciones que fortalezcan la autonomía y eficacia de la Comisión, la propuesta actual parece inclinarse hacia una concentración aún mayor de poder en manos del Presidente.
La gestión actual de la CNDH ha sido objeto de críticas, y con razón. La falta de acción en áreas clave, las omisiones evidentes y una conducta sumisa frente al poder político han debilitado la imagen y la eficacia de la institución. No obstante, es necesario abordar estos problemas mediante reformas que fortalezcan la autonomía, independencia y capacidad de respuesta de la Comisión, en lugar de condenarla al olvido.
El presidente López Obrador parece empeñado en desmantelar los contrapesos y pesos y contrapesos del gobierno, una estrategia que socava la esencia misma de la democracia. La CNDH, lejos de ser una excepción, se encuentra ahora en el punto de mira, sometida a la voluntad del poder político en lugar de cumplir su papel crucial como defensora de los derechos del ciudadano.
La propuesta de disolución de la CNDH, que hasta ahora parece ser solo una ocurrencia discursiva, que broto a manera de lisonja sin medir sus consecuencias, pues a la fecha no se conoce propuesta formal, plantea una serie de preguntas importantes sobre el futuro del sistema de derechos humanos en México. ¿Quién velará por los ciudadanos cuando la institución diseñada específicamente para esa tarea sea relegada a un segundo plano? ¿Cómo se garantizará la protección de los derechos fundamentales cuando la voz independiente de la CNDH sea silenciada?
En este momento crítico, es necesario resistir la tentación de sacrificar un organismo histórico y valioso en aras de las ambiciones políticas. La CNDH, con todos sus defectos actuales, representa un recordatorio de la lucha constante por los derechos humanos en México. En lugar de eliminarla, debemos enfocarnos en fortalecerla, dotándola de los recursos y la independencia necesarios para desempeñar su papel vital en la sociedad.
La propuesta de disolución de la CNDH no solo es irresponsable, sino que también amenaza con borrar un antecedente histórico crucial en la lucha por los derechos humanos en México. Defender los derechos fundamentales de los ciudadanos debe ser una prioridad indiscutible, y desmantelar la CNDH no hace más que debilitar la arquitectura institucional destinada a cumplir con esta misión. En tiempos donde la democracia y los derechos humanos son más importantes que nunca, es imperativo resistir cualquier intento de socavar las instituciones diseñadas para protegerlos.
*Diputado local PRI
