La asociación civil Adax Digitales tiene registro de alrededor mil deudores alimentarios en el estado de Querétaro, principalmente de los municipios serranos y de San Juan del Río, informó Mayra Dávila Alvarado, representante de la organización.
Tras colocar un tendedero en las instalaciones de la sede del Poder Legislativo de Querétaro, la activista recordó que, una vez publicada la reforma de la Ley Sabina, se cuenta con 300 días para homologar la legislación y refirió que el estado debería contar con su propio registro de deudores alimentarios.
Indicó que es necesario que esta reforma se trabaje, a nivel local, previo al arranque del proceso electoral, y mencionó que se estima que hay más de 10 mil casos de personas deudoras alimentarias en la entidad.
“Nosotros tenemos registrados mil casos de deudores alimentarios y eso de las mujeres que se toman el tiempo de llenar el registro, pero creemos que son demasiados, esta cifra ni siquiera es el 1% de todas las personas que tienen”, señaló.
Dávila Alvarado indicó que en días pasados tuvieron una reunión con la legisladora Mariela Morán, en la que estuvo presente la activista Diana Luz Vásquez; sin embargo, refirió que no continuaron las mesas de trabajo debido a que las propuestas de la Legislatura son mínimas; señaló que es necesario que las propuestas reflejen las dificultades que enfrentan las mujeres y que “no nada más sea una reforma que sirva para la foto y la nota periodística”.
Mencionó que los estados de Oaxaca y Ciudad de México ya cuentan con un registro estatal que puede ser referente para Querétaro y externó que su propuesta legislativa plantea alrededor de 40 reformas civiles y penales en las que se establecen tiempos para retirar guardias, custodias y patria potestad.
“Es lo que queremos, que se aperture el registro aquí; la semana pasada solicitamos por escrito a la secretaría de gobierno que también se sume como coadyuvante para que, en su momento, sea el registro civil quien lleve el registro estatal de deudores alimentarios”, expresó.
Recordó que la Ley Sabina plantea que las personas deudoras alimentarias no puedan realizar trámites ante notario, sacar licencias de conducir y pasaporte, así como casarse en caso de encontrarse inscritos en dicho padrón.
Además, subrayó que dicho padrón sería público sin violentar los derechos humanos de quienes están inscritos; lo anterior, debido a que una vez que cumplan con sus obligaciones serían eliminados del padrón.
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“El tema que nos explicaban las ministras es que no entraríamos en esa inconstitucionalidad porque los deudores alimentarios tienen un tiempo, hay una temporalidad, los agresores sexuales no dejan de ser agresores y los señores deudores sí, se ponen al corriente de sus pensiones y se bajan”, puntualizó.
