Es bien sabido que el Congreso de la Unión es una de las instituciones más denostadas por la ciudadanía. De acuerdo con el Índice de Confianza en las Instituciones de Consulta Mitofsky, en 2020 la calificación asignada a la Cámara de Senadores y a la de Diputados fue de 5.9 y 5.7 respectivamente de un total de 10 puntos. Es por ello que, desde hace tiempo, se ha cuestionado la prevalencia de la nomenclatura actual de las mismas, dando lugar a múltiples voces e iniciativas sociales que han buscado y pregonado para reducir el número de diputados y senadores que componen el Congreso e incluso han planteado la desaparición de los “plurinominales” por considerar que no representan directamente a la población y son un enorme carga social y económica para el país.
La figura de los llamados “pluris” se estableció en la reforma constitucional de 1963 con los “diputados de partidos” y su propósito original era favorecer la inclusión legislativa, salvaguardar la representación de las minorías en el Congreso y evitar el establecimiento de un partido hegemónico. Sin embargo, pareciera que hoy en día es todo lo contrario. Con base en experiencias vividas en las últimas legislaturas, especialmente la de 2018 pero también la de 2015 y 2012, las coaliciones para diputados plurinominales se han convertido en un esquema que permite la sobre representación legislativa y la prevalencia de una mayoría en el Congreso que responde a los intereses del partido en el gobierno, dejando de lado la necesidad de dialogar, establecer acuerdos o intercambiar posturas técnicas que permitan una correcta labor legislativa y, sobre todo, la existencia de un contrapeso.
Bien se había anunciado que el INE prestaría especial atención a este sistema para evitar la sobrerrepresentación, y fue el pasado viernes 19 de marzo en la 2º Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto cuando se emitió el Acuerdo que Establece las Reglas a Seguir en la Asignación de Curules de Representación Proporcional que busca hacer cumplir efectivamente lo mandatado por el artículo 54 de la Constitución y dejando en manos del Tribunal Electoral la última palabra.
La confrontación entre el INE y el Tribunal Electoral ha sido una constante desde hace tiempo y es bien sabido que existe una especie de recelo. Sin embargo, el Tribunal continuamente se ha puesto en vilo al anular determinadas decisiones del INE que, a la luz pública, resultan “taquilleras” pero que, en un escrutinio estrictamente legal, en muchos casos sobrepasan las atribuciones del Instituto y en otros con maromas legales se logra justificar la anulación de alguna disposición.
En el caso de la sobrerrepresentación legislativa, considero que ésta es una de las principales batallas que determinarán la composición del Congreso en la siguiente legislatura y, por ende, el futuro del país. Asimismo, será imperativo respetar el mandato constitucional si o si en la asignación de escaños, a pesar de que el acuerdo para evitar la sobrerrepresentación que emitió el INE sea anulado al excederse en varios aspectos.
En los últimos días, el INE volvió a entrar en conflicto con MORENA al retirar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón Orozco, así como otros tantos candidatos. Las voces de descalificación y repudio por parte de los voceros del partido no se dieron espera y anunciaron una batalla que terminará resolviendo el Tribunal Electoral con costos altísimos si opta por anular o por confirmar las resoluciones del INE.
¡Qué difícil es en estos tiempos intentar ser sabio y justo como Salomón!
¿Será la judicialización de la política y no la politización de la justicia lo que no nos define?
Consultor y profesor universitario.
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