Las consultas amorfas
Hacer una consulta sin sustento legal, sin reglas, sin posibilidades de que todos los ciudadanos puedan emitir su opinión, sin la participación del organismo encargado por la ley para este tipo de acciones, sin comités de casillas, sin observadores imparciales, y a esta lista le podemos agregar un par de etcéteras adicionales que ponen en tela de juicio la legalidad y validez de las consultas que se han constituido en la novedad política de este periodo de transición.
Comento lo anterior en función de las discordias que se han producido por las consultas anunciadas para los días 24 y 25 de noviembre por el próximo presidente de la república sobre diez programas sociales y tres proyectos productivos, donde sobresale el tema del tren maya. Sin importar el resultado, tales programas sociales y proyectos productivos iniciarán a partir del mes de diciembre, con lo cual queda la duda razonable respecto al carácter de una votación que tiene un resultado previamente definido.
Las consultas serán realizadas por un partido político a efecto de sustentar las decisiones que tomarán cuando se conviertan en gobierno; pueden parecernos innovadoras, simpáticas, autoritarias, unilaterales, lo que usted quiera, pero lo que menos generan es alguna esperanza de que quien nos va a gobernar respetará la ley y la hará respetar, lo cual es lo que va a jurar el próximo primero de diciembre.
El respeto a la ley es la única posibilidad que tenemos de realizar una convivencia política y social armoniosa, ya que son las reglas que nos hemos dado para ello, si no nos gusta su contenido, se debe llevar a cabo el proceso legislativo correspondiente para modificarla, con la participación de todos quienes estén interesados y quieran emitir su opinión. Tampoco creo que sean convenientes las modificaciones normativas, y mucho menos a la constitución, al gusto de la clase política en el poder cuando nada más se piensa en satisfacer exigencias y/o demandas particulares del gobernante en turno.
Todos aspiramos a un Estado democrático, en el que podamos expresar nuestra opinión libremente en torno a las decisiones trascendentes para el país, tanto en tiempos electorales como en las consultas que, respetando lo establecido en las leyes, se instrumenten, cuando se defina la necesidad de consultar a la ciudadanía, obligatoriamente debemos sujetarnos al marco legal para que realmente confiemos en su resultado y nuestra opinión tenga el valor que deseamos, es lamentable que se utilicen sólo para justificar decisiones previamente tomadas y que hagan que la desconfianza en un gobierno que inicia sea el signo que lo marque.
El sentido común enseña que no se vale jugar con la ciudadanía haciendo consultas cuando ya hasta fechas para el inicio de obras y arranque de programas se están anunciando. Tenemos el caso de la declaración de Rogelio Jiménez Pons, próximo director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), quien aseguró que las primeras obras para el Tren Maya iniciarían en la segunda quincena de diciembre. Está también el programa de “Jóvenes construyendo futuro” que tiene fecha de inicio el primero de enero de 2019.
En mi opinión, un gobierno que ganó el proceso electoral con toda claridad y legitimidad, no tiene por qué dilapidar su capital político en esta clase de acciones que lo único que están provocando es una marcada polarización y la desconfianza en torno a la próxima administración. Sería benéfico para todos que estas dinámicas de consultas fuera de la ley no sean una práctica regular del próximo Gobierno de la Republica.
