Concluyó el periodo de precampaña oficial y se están definiendo las listas de los partidos políticos para ponerle nombre a los que participaran en la contienda electoral. Más allá de los enfrentamientos discursivos y las promesas a granel que se difundieron por todos los medios posibles, la realidad es que los proyectos económico-políticos no permiten vislumbrar cambios en las condiciones de vida de la mayoría de la población, ni en las prácticas políticas del sistema político mexicano.
En 1909, previo a las elecciones prometidas por Porfirio Díaz para 1910, Andrés Molina Enríquez dio a conocer su trabajo que lleva el título de “Los grandes problemas nacionales, en el que relata lo que él llama los apuntes sobre los principales problemas económicos y políticos derivados de los años de dictadura de Díaz, cuestiones relacionadas con la población y el campo, recordemos que alrededor del 80% de la población vivía en el campo en esos años. Cuestiones que la historia fue mostrando que con todo y revolución mexicana no fueron resueltas y solamente permitieron el surgimiento y consolidación de grupos de poder económico y político.
Poco más de un siglo después, con una población mayoritariamente urbana, seguimos observando que los grandes problemas nacionales siguen presentes, ya no es solamente el campo, es también la ciudad. Las instituciones políticas han sido incapaces de generar procesos democráticos en los que los elegidos lleguen al poder con un proyecto de desarrollo viable y bien sustentado en las posibilidades reales para su instrumentación.
Las debilidades económicas persisten, llevamos más de 50 años de ciclos constantes de crisis sin que los diferentes gobiernos concreten alguna estrategia de solución. La desigualdad social es una deuda que prevalece porque, lamentablemente, la brecha entre los grupos sociales lejos de disminuir se va ampliando.
Según la organización Oxfam México, el sistema político mexicano, basado en la benevolencia hacia los amigos, es un factor de primer orden en la desigualdad; los datos que proporcionan para sustentar su argumento es que cuatro multimillonarios han visto aumentar su riqueza de manera exorbitante en un periodo de 12 años: de representar el 2% del PIB en 2002, su fortuna representó en 2014 el 9%, lo significativo de esto es que sus fortunas provienen de inversiones en sectores que han sido privatizados o concesionados por el Estado Mexicano.
Vivimos, como afirma Héctor Aguilar Camín en el prólogo al libro ¿Y ahora qué?, con la mitad del cuerpo en las aguas del subdesarrollo y es imprescindible modificar esta tensionante situación, porque el hilo social amenaza con romperse y la clase política mexicana, si quiere garantizar la estabilidad del país, no debe desatender el conjunto de problemáticas que inciden negativamente en el bienestar de la mayoría de la población.
En mi opinión, una nueva oportunidad histórica está presente para que en el proceso electoral de 2018 la ciudadanía tenga la posibilidad de votar con base en una propuesta de gobierno que aborde los grandes problemas nacionales en todos sus niveles, y ofrezca alternativas de solución, coherentes y creíbles, que se transformen en políticas públicas medibles y cuantificables con tiempos específicos para alcanzar sus metas. La clase política tiene la palabra, pero depende de que decidan cambiar sus prácticas políticas y asuman compromisos abiertos y amplios con sus electores y no con quienes mantienen intereses de corte personal.
